Associated Press
2018-02-09
Bogotá— Los candidatos de un partido político que alguna vez fue el grupo rebelde más grande de Colombia anunciaron ayer la suspensión temporal de sus campañas presidenciales y legislativas debido a temores por su seguridad.
Varios líderes del partido conocido ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) dijeron que han decidido detener todas sus actividades de la campaña hasta que su seguridad esté suficientemente garantizada.
Las siglas FARC correspondían anteriormente al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Exigimos al gobierno nacional que haga efectivas las garantías para el ejercicio político”, afirmó el exdirigente Jorge Torres, más conocido por su nombre de guerra Pablo Catatumbo.
Desde que lanzaron su campaña, los excombatientes han enfrentado turbas furiosas y protestas, reflejo de las dificultades que enfrenta la reconciliación en Colombia tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno en 2016 que les permitió iniciar un partido político a cambio de entregar sus armas y confesar sus delitos.
En al menos tres ocasiones, multitudes furiosas le lanzaron huevos y le gritaron “¡Asesino!” al excomandante guerrillero, ahora candidato presidencial Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Durante un acto de campaña por el candidato a senador Luciano Marín, alias Iván Márquez, manifestantes quemaron la bandera blanca de la agrupación. Otros candidatos han sido acosados o amenazados.
Desde la firma del acuerdo, los antiguos rebeldes han entregado las armas, creado un partido político e iniciado sus nuevas vidas como civiles.
A pesar de esos hitos, muchos colombianos se han mostrado reacios a volver la página y apoyar el acuerdo después de más de cinco décadas de un conflicto armado que dejó al menos 250 mil muertos, 60 mil personas desaparecidas y más de 7 millones de personas desplazadas.
Los flamantes políticos dicen que grupos de ultraderecha, algunos afiliados al partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, un ferviente opositor del acuerdo de paz, son responsables de los ataques. Quieren que las autoridades los hagan responsables y tomen medidas para impedir los choques.
“Una cosa es el derecho a la protesta”, dijo Márquez a The Associated Press. “Otra cosa es cometer actos de delincuencia”.
Según las encuestas, muchos colombianos creen que los rebeldes deberían confesar sus crímenes frente a una corte especial de paz antes de poder ser candidatos, pero las audiencias judiciales todavía no han comenzado y el acuerdo de paz les garantiza a los excombatientes 10 bancas en el Congreso.
Eso significa que serán elegidos en marzo antes de declarar. Bajo las condiciones generosas del acuerdo, los que confiesen delitos difícilmente irán a la cárcel.
En un tuit ayer, Uribe reiteró que los responsables de crímenes atroces deben estar vedados de las candidaturas o al menos deben purgar una condena razonable y pedir perdón. Añadió que el partido rechaza los “incidentes violentos de los cuales también hemos sido víctimas”.
El presidente Juan Manuel Santos exhortó a los colombianos a demostrar tolerancia al comenzar la campaña. Les recordó el mensaje del papa Francisco cuando visitó Colombia el año pasado: “demos el primer paso hacia la reconciliación”.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que “tener recuerdos agrios y cicatrices por actos de las FARC en el conflicto no autoriza para ser agresivos en una campaña política que busca conseguir la paz”.
Timochenko dijo a la prensa días atrás que sus asesores le habían sugerido que se limitara a recorrer las zonas donde sabía que sería bienvenido, pero que consideraba necesario hacer justamente lo contrario.
“Hay que ir precisamente a donde la gente no nos apoya”, dijo. “Porque en la sociedad colombiana desafortunadamente ha generado una intolerancia y un odio profundo entre nosotros mismos”.
Los exguerrilleros han propuesto que el partido se concentre en muchos de los problemas arraigados que dieron lugar al conflicto, como la desigualdad y el derecho a la tierra. También impulsan la aplicación plena del acuerdo.
Hasta ahora el gobierno ha sido lento en el cumplimiento de las promesas de instituir reformas y el legislativo ha modificado algunas partes del acuerdo.
La inquietud principal de los rebeldes es la seguridad: al menos 40 de ellos han muerto desde la firma del acuerdo, según Márquez. En la mayoría de los casos no hay acusados, aunque se sospecha que las muertes son obra de grupos armados más pequeños.
Márquez, quien fue el principal negociador de los rebeldes en las conversaciones de paz, opina que los choques recientes fueron obra de una pequeña minoría y no reflejan el sentir de la mayoría de los colombianos.
“No es el rechazo del país. La gente quiere paz. No quieren más guerra”, aseguró.