The Wall Street Journal
2017-11-10
Caracas- Conozca al equipo que está a cargo del proceso de reestructuración de deuda más complejo de la historia reciente: Un ex oficial militar, un ex profesor de Geografía, dos ingenieros, un ministro que está bajo sanción por presunta corrupción y un capo de la droga.
Debido a que a Venezuela se le está acabando el dinero, la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro designó una comisión de seis personas para negociar la reestructura de la deuda externa que asciende a 150 billones de dólares.
Los integrantes de la comisión -ninguno tiene algún entrenamiento significativo en Economía o Finanzas y dos de ellos podrían ser sancionados por Estados Unidos- sugieren a algunos observadores que el gobierno no está buscando realmente reestructurar su deuda, sino crear una situación en la que pueda culpar a las sanciones del impago.
El líder de la comisión, el vicepresidente Tareck El Aissami, está en la lista de capos de la droga de Washington. Otro miembro, el ministro de Finanzas Simón Zerpa, quien tiene una licenciatura en Ciencias Políticas, va a ser sancionado por Estados Unidos por presunta corrupción.
Ambos negaron anteriormente los alegatos.
Desenredar esa desastrosa situación podría ser complicado debido a la falta de cláusulas de un acuerdo colectivo en algunos valores, hay diferentes entidades emisoras, existe un desacuerdo en cuanto a la prioridad de los pagos entre una serie de acreedores, incluyendo a Goldman Sachs Asset Management y al gobierno chino.
La comisión parece inadecuada para esa colosal tarea, lo cual genera dudas acerca de las intenciones de Maduro, incluyendo si realmente desea hacer un trato, comentó Risa Grais Targow, analista de riesgos de la empresa de consultoría Eurasia Group.
“Parece un teatro político. Ellos no tienen una actitud seria acerca de la negociación”.
La semana pasada, El Aissami hizo un llamado a los inversionistas a través de la televisión para discutir la reestructura en una reunión que se llevará a cabo en Caracas el 13 de noviembre, que es la fecha límite para pagar casi 300 millones de dólares de intereses.
Sin embargo, debido a que El Aissami está en la lista de capos, es improbable que alguien acuda a la reunión y se arriesgue a transgredir las leyes de Estados Unidos que prohíben hacer negocios con personas que oficialmente están clasificadas como tales. Al hacerlo, en teoría, podrían enfrentar 30 años de cárcel.
El gobierno de Venezuela todavía no explica cuáles son los requisitos para asistir a la reunión, en dónde se va a llevar a cabo, si el gobierno va a proporcionar el alojamiento y la transportación en una de las ciudades más violentas del mundo.
No se les han proporcionado ninguna orientación a los ciudadanos estadounidenses, quienes requiere una visa para viajar a Venezuela.
Un funcionario de alto rango del banco central dijo el lunes que el gobierno va a optar por hacer una videoconferencia con los inversionistas, pero no aportó detalles.
El récord de la comisión negociadora de Venezuela aporta poca esperanza de que se consiga un trato exitoso con Wall Street, comentó Patrick Esteruelas, jefe de investigación de Emso Asset Management.
Funcionarios de Estados Unidos y ex colegas dijeron que El Aissami utilizó el poder que adquirió a través del dinero proveniente del tráfico de drogas y la venta de pasaportes ilegales para construir una red de inteligencia paralela para intimidar y reprimir a sus oponentes.
A principios de este año, el gobierno estadounidense congeló “cientos de millones de dólares” en cuentas bancarias vinculadas con El Aissami, de acuerdo a funcionarios de la Casa Blanca.
El Aissami negó todas las acusaciones y dijo que las investigaciones de Estados Unidos son intentos para desestabilizar al gobierno venezolano.