AFP
2017-04-10
Madrid— La justicia española pidió este lunes a su par francesa que comparta las informaciones sobre las armas entregadas por ETA, ante la posibilidad de que hayan sido usadas en crímenes de la organización separatista aún por resolver, indicó una fuente judicial.
A petición del fiscal, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, un alto tribunal especializado sobre todo en casos de terrorismo, "acaba de librar una comisión rogatoria a Francia", señaló la fuente.
El objetivo es que las autoridades francesas permitan a la Guardia Civil española "acceder al listado de armas entregadas" el sábado en Francia, explicó.
Además, el juez pidió acceso a "los informes policiales, balísticos, de explosivos, de huellas o de restos biológicos que realicen los investigadores de la lucha antiterrorista francesa, para analizar si alguna de estas armas pudieron ser utilizadas en atentados cometidos en España y que todavía están sin resolver", agregó.
"Euskadi Ta Askatasuna" (País Vasco y Libertad en lengua euskera, una organización a la que se le atribuyen 829 muertos en 43 años de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra, anunció el sábado su "desarme total".
La Comisión Internacional de Verificación (CIV), una estructura no reconocida por Madrid y París, entregó el sábado al fiscal de la República de Bayona, en el País Vasco francés, una lista de ocho zulos.
Los investigadores franceses tendrán ahora que repertoriar las armas y determinar si alguna de ellas pudo haber sudo utilizada en algún asesinato.
Fuentes judiciales españolas consultadas por la AFP indicaron que la investigación debe desarrollarse en Francia, pero evocaron la ayuda internacional en materia penal en el marco de la cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea (UE).
El juez Velasco rechazó pedir la comparecencia de los mediadores que dieron a conocer la ubicación de los zulos, alegando que la justicia francesa se encargará de ello.
Las justicias francesa y la española llevan muchos años cooperando estrechamente en la lucha contra ETA, e incluso se han formado en ocasiones equipos binacionales de investigadores.
ETA anunció en 2011 su renuncia a la lucha armada, pero hasta ahora se negaba al desarme incondicional y su disolución, que le exigían Madrid y París, reclamando una negociación sobre el futuro de sus integrantes y de unos 360 miembros presos en cárceles lejos del País Vasco.