The New York Times
2014-04-23
Washington— Ayer miércoles, el Departamento de Justicia dio a conocer un plan para por primera vez estudiar con detenimiento a toda la población de las cárceles federales a fin de identificar a los reos que cometieron delitos de bajo nivel y que podrían ser liberados antes.
Se espera que la decisión, la cual amplía un plan dado a conocer en enero, genere miles, si no es que decenas de miles, de solicitudes de clemencia. Representa la separación más reciente del gobierno de Obama de las políticas de justicia penal creadas para combatir a las drogas.
El subprocurador general James M. Cole comentó ayer miércoles que el departamento considerará recomendar clemencia para los delincuentes pacíficos que han pasado al menos 10 años en la cárcel y quienes habrían recibido condenas considerablemente menores si hubieran sido hallados culpables conforme a las leyes más tolerantes de hoy en día.
“Los castigos severos de antes que desentonan con las sentencias impuestas conforme a las leyes de hoy merman la confianza de la población en nuestro sistema de justicia penal”, comentó Cole.
El Departamento de Justicia no pudo hacer un cálculo sobre el número de reos que encajan en tales criterios. Pero considerando los estándares y el largo proceso de revisión para obtener clemencia, defensores de los derechos civiles comentaron que es mucho más probable que se trate de cientos y no de miles de reos.
Es poco probable que el cambio en la política tenga un efecto considerable en la población de cárceles federales, de alrededor de 216 mil reos. Sin embargo, representa el esfuerzo más significativo al respecto desde que los presidentes Gerald R. Ford y Jimmy Carter ofrecieran amnistía a quienes trataban de evadir el reclutamiento para la Guerra de Vietnam.
Y al igual que tales esfuerzos, el plan dado a conocer el miércoles representaría un rompimiento simbólico con el pasado. En términos políticos, hubiera sido impensable que el Departamento de Justicia hablara sobre dejar salir antes a los reos condenados por crímenes relacionados con drogas durante el repunte de casos relacionados con crack y crímenes violentos de la década de 1980 y principios de 1990.
“Esto es más una demostración de hacia dónde trata de llevar el Gobierno al sistema federal de justicia penal”, comentó Vanita Gupta, subdirector legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Problemas presupuestarios en los estados han conducido a gobiernos locales a reconsiderar sus políticas de justicia penal, lo cual ha generado grandes poblaciones de reos que resulta costoso mantener y alimentar. Desde finales de la década de 1970, la población de las cárceles del país se ha convertido en la más grande del mundo. Alrededor de uno de cada 100 adultos se encuentran tras las rejas.
Con los índices de criminalidad en sus niveles más bajos de la historia, el procurador general Eric H. Holder Jr. ha conminado a que el sistema de sentencias sea reformado, enmarcándolo como una cuestión de derechos civiles.
Holder ha creado una poco común coalición de demócratas liberales y repu-blicanos de mentalidad libertaria en el Congreso que buscan hacer que las leyes sobre sentencias sean menos severas.
En 2010, el Congreso votó de manera unánime a favor de reducir la disparidad de 100 a 1 entre las sentencias para los delitos relacionados con el crack y los vinculados a la cocaína, indicio del fuerte incremento en el uso del crack que era desproporcionado entre los afroamericanos. Holder está ejerciendo presión en el Congreso para que esa disminución sea retroactiva para los reos que ya están cumpliendo sentencias.
Cole indicó que la campaña relacionada con la clemencia no sustituirá a un cambio permanente a las leyes sobre sentencias.
“Seguimos creyendo que el Congreso debe actuar”, dijo.
Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Alianza de Políticas sobre Drogas, comentó que los planes no abordaron problemas de inequidad más grandes en el sistema de justicia penal.
“Hemos tenido un cambio retórico considerable en la guerra contra las drogas”, dijo, “pero el cambio en las políticas ha sido moderado”.
El Departamento de Justicia puede hacer recomendaciones, pero sólo el presidente puede otorgar la clemencia, con la que los reos son puestos en libertad antes de tiempo pero sin eliminar sus antecedentes penales. La nueva política no afecta a los casi dos millones de reos que se encuentran en cárceles estatales.
La campaña dependerá de una sociedad entre fiscales federales, abogados públicos, agentes penitenciarios, grupos defensores de los derechos civiles y partidarios de la reforma penitenciaria. Todos los reos serán avisados sobre la oportunidad de solicitar clemencia y sobre las nuevas pautas la próxima semana. Los reos que quieran solicitarla podrán recibir ayuda legal gratuita de abogados de defensa voluntarios, según indicó el Departamento de Justicia.
Es casi seguro que el esfuerzo genere un gran número de peticiones en una oficina de perdones en el Departamento de Justicia que ha tenido un atraso de solicitudes por años.
Cole comentó que aumentará de manera temporal el personal de la oficina a fin de hacerse cargo de las nuevas peticiones.