¿Sobrevivirá DACA a los ataques legales de Texas?

The New York Times
2018-08-09

Nueva York— El miércoles un juez federal escuchó argumentos del intento que Texas y ocho otros estados están haciendo por poner fin al programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante su Infancia, el cual dicen va más allá de la autoridad del presidente Obama e impuso una fuerte carga financiera a los gobiernos estatales que deben pagar los costos de la inmigración ilegal.
Una coalición de alcaldes de poblaciones fronterizas y grupos empresariales, entre ellos las aerolíneas Southwest y United, presentaron un escrito en el caso en el cual argumentan que poner fin al programa conocido como DACA por sus siglas en inglés y dejar fuera de la economía a trabajadores jóvenes podría costar 460 mil millones de dólares en actividad económica en el curso de la próxima década.
El juez Andrew S. Hanen del Juzgado de Distrito Federal en Houston no señaló la fecha cuando emitirá su fallo, mientras que diversas preguntas continúan rondando en torno a una de las pocas iniciativas inmigratorias significativas que ha impulsado el gobierno federal en los últimos años.
La administración Trump anunció en diciembre la cancelación del programa. Al Congreso le correspondía, dijeron funcionarios de la administración, presentar una solución para los inmigrantes jóvenes antes de que vencieran sus permisos. Pero meses de estira y afloja legislativa no han conducido a ninguna parte. Mientras tanto, grupos opositores y defensores del programa han recurrido a los tribunales con la esperanza de revivirlo —o de suspenderlo de una vez por todas.
Es poco probable que se solucione pronto el estancamiento. Lo anterior se debe a que al parecer varios juzgados federales que están analizando el futuro del DACA están tomando caminos contradictorios y, a menos que intervenga el Congreso, tal vez sólo la Suprema Corte logre resolver el asunto.
En California y Nueva York jueces federales han ordenado a la administración Trump permitir a quienes ya cuentan con estatus legal provisional gracias al DACA solicitar que se les renueven por dos años sus permisos laborales. El Gobierno está acatando las órdenes, pero ha apelado.
La demanda en Texas complica aun más las cosas. Fue a dar al juez Hanen, quien en el 2015 falló contra el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses, con el cual se pretendía proteger de la deportación a algunos padres de ciudadanos y residentes legales.
Durante la audiencia del miércoles, los abogados de Texas dijeron que el juez debe emitir un amparo temporal poniendo fin al programa.
Texas argumenta que el DACA presenta pocas diferencias con el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses, por lo que el juez Hanen debe actuar igual. Pero los abogados del Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense —el cual representa a 22 beneficiaron del DACA— señalaron una gran diferencia: el DACA ya lleva años en vigor, argumentaron en los juzgados, mientras que Texas no ha podido probar que el programa haya perjudicado al estado.
Un tribunal de apelaciones analiza el caso de California. Sea cual sea el veredicto del juez Hanen, probablemente sea apelado en otro tribunal. Pero esos dos juzgados podrían emitir decisiones distintas.
“Resulta muy difícil decir cómo terminará esto”, dijo Thomas A. Sáenz, presidente y asesor general del fondo, “salvo que el conflicto acabará siendo resuelto en una instancia mayor del sistema judicial”.

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