Cómo llegó Trump a implementar la práctica de separar a las familias

The New York Times
2018-06-17

Washington— Casi desde que asumió el cargo el presidente Trump, su administración empezó a sopesar lo que por años se habían considerado medidas extremas en los esfuerzos por desalentar el ingreso ilegal de los inmigrantes a Estados Unidos. 
Se separaría de sus padres a los menores si las familias habían sido aprehendidas al internarse ilegalmente al país, dijo en marzo del 2017 el entonces secretario de Seguridad Interna, “a fin de desalentar mayor movimiento a lo largo de esta red terriblemente peligrosa”.
Aunque había hecho del combate a la inmigración uno de los temas centrales de su campaña, Trump rechazó públicamente la idea cuando los comentarios de Kelly provocaron indignación inmediata ante una política considerada demasiado inhumana —y políticamente peligrosa.
Pero en el interior de la administración, impulsores de la idea como el asesor de políticas Steven Miller nunca quitaron el dedo del renglón.
El mes pasado, Trump ordenó ejercer acciones judiciales contra cualquier persona que cruzara ilegalmente la frontera, salvo raras excepciones para padres que viajaran con hijos menores de edad.
Según un decreto de 1997, los menores no acompañados sólo podían permanecer por poco tiempo en algún centro de detenciones; en el 2016, un juez federal determinó que lo anterior también se aplicaba a las familias, estipulando que salieran libres en menos de 20 días.
Fue George W. Bush, quien inició el enfoque de “cero tolerancia” en la inmigración ilegal en el cual se basa la política de Trump.
En el 2005, inició en varios sectores de la frontera un operativo con el cual se fincaban cargos penales a todas las personas que ingresaran ilegalmente, encarcelándolas y dando celeridad a los juicios para deportarlas. En ese entonces, por lo general se exentaba a los adultos que viajaban con menores de edad, así como a menores y enfermos.
La administración Obama también utilizó el programa durante el punto más alto de la crisis migratoria, aunque a las familias se les resguardaba juntas en centro de Inmigración y Aduanas por cargos administrativos, no penales.
Cuando Trump asumió la Presidencia prácticamente de inmediato empezó a debatirse ampliar la implementación del operativo, casi con ninguna de sus limitantes previas. Incluso después de que Kelly dejó de hablar públicamente acerca de separar a las familias, el verano pasado el Departamento de Seguridad Interna puso discretamente a prueba el enfoque en varias zonas de Texas.
En octubre, luego de que Trump pusiera fin al programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante la Infancia, Miller insistió en que cualquier paquete legislativo para organizar dichas protecciones contuviera cambios destinados a cerrar lo que calificó como lagunas que alientan a venir a los inmigrantes ilegales.
Y en abril, tras marcas récord en las cifras fronterizas, Miller resultó instrumental para que Trump decidiera intensificar la política de tolerancia cero.
Técnicamente, no existe ninguna política de la administración Trump que establezca que quienes crucen ilegalmente la frontera deben ser separados de sus hijos. Pero la “política de cero tolerancia” da como resultado que los inmigrantes ilegales sean detenidos penales federales, momento en el cual sus hijos son considerados menores extranjeros solos y son separados.

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