Negarán asilo por violencia doméstica o de pandillas

The Washington Post
2018-06-12

Washington— El fiscal general Jeff Sessions señaló ayer que las víctimas de abuso doméstico y de violencia perpetrada por pandillas no califican para el asilo político en apego a la ley federal, una decisión, que según los defensores, pondrá en peligro a decenas de miles de ciudadanos extranjeros que buscan un lugar seguro en Estados Unidos.
El fallo de Sessions anuló la decisión del 2016 del Consejo de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, la cual dice que una mujer maltratada de El Salvador pudo calificar para el asilo político.
El Consejo de Apelaciones es típicamente la más alta autoridad gubernamental en materia de ley inmigratoria, pero el procurador general tiene el poder de asignarse casos a él mismo y de establecer precedentes.
Tales casos pueden ser apelados en los tribunales de Circuito, los cuales forman parte de la rama judicial del Gobierno.
“No hemos actuado de manera apresurada, sino con cuidado”, dijo Sessions en un comunicado a los jueces. “A mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley”.
Sessions dijo a los jueces de inmigración, cuyas cortes son parte del Departamento de Justicia, que su decisión “restaura los principios del asilo político y los longevos principios de la ley inmigratoria”. También dijo que esto ayudará a reducir el creciente número –700 mil– de casos que se encuentran retrasados en las cortes, más del triple del número que había en el 2009.
Para calificar al asilo político, los ciudadanos extranjeros deben establecer que tienen miedo a la persecución en su país natal en base a su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o a su “membresía a un grupo social en particular”, una categoría que en el pasado había incluido a víctimas de violencia doméstica y de otros tipos de abusos.
Pero en el fallo, Sessions dijo que semejantes casos serían menos comunes a futuro.
“Generalmente, aquellos inmigrantes que vienen denunciando ser víctimas de violencia doméstica o de violencia por pandillas perpetrada por actores no gubernamentales no califican para el asilo político”, según escribió. “El solo hecho de que un país tenga problemas para efectivamente controlar ciertos delitos como la violencia doméstica o la violencia perpetrada por pandillas, o que ciertas poblaciones sean más propensas a convertirse en víctimas de la delincuencia, no puede establecerse en sí como una razón para solicitar el asilo político”.
Los críticos se refirieron al fallo del lunes como el más reciente esfuerzo de la administración de Trump para erosionar las protecciones de asilo político para cientos de miles de inmigrantes, particularmente aquellos que vienen huyendo de la desenfrenada violencia y los altos índices de homicidio en Centroamérica.
Ellos dicen que la decisión de Sessions anula décadas de iniciativas legales puestas en vigor para proteger a las mujeres maltratadas.
Michelle Barné, directora del programa de Derechos y Justicia para los Inmigrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, dijo en un comunicado que “muchas mujeres y niños morirán como resultado de estas políticas”.
El Consejo Americano de Inmigración, un grupo no lucrativo defensor de los inmigrantes, dijo que Sessions estaba “cerrando una vía vital” para las víctimas de violencia doméstica y de aquella perpetrada por las pandillas.
“La decisión de hoy por parte del procurador general es otro intento para cerrar nuestras puertas”, dijo Beth Werlin, directora ejecutiva del Consejo Americano de Inmigración. “Darle nuestra espalda a las víctimas de la violencia y deportándolas hacia un gran peligro no debería ser el legado de ninguna administración”.
La administración Trump ha acusado a los migrantes de explotar el sistema de asilo político para conseguir acceso a Estados Unidos, consciente de que las cortes de inmigración están tan atrasadas en su trabajo que sus casos podrían tomar años en quedar resueltos.
Para disuadir a las personas de que vengan a Estados Unidos, funcionarios federales recientemente adoptaron una política de “cero tolerancia”, para los inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal, procesando a toda la gente, incluso cuando vienen buscando asilo político o si cruzaron la frontera con sus hijos. Tales procesamientos significan que los padres tienen que ser separados de sus familias.
El fallo de ayer de parte de Sessions se centra en un caso de asilo político presentado por una mujer salvadoreña que entró a Estados Unidos de manera ilegal en el 2014. Ella dijo que venía escapando de su exesposo, quien había abusado física y emocionalmente de ella por años, incluso después de haberse mudado a otro lugar en El Salvador. La mujer dijo que su exesposo la había violado, y que su cuñado, un oficial de la Policía, también la había amenazado.

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