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Siete toneladas de coca en latas de chiles, evidencia contra 'El Chapo'

El Diario de Juárez | Miércoles 11 Abril 2018 | 12:24 hrs

Associated Press |

Associated Press |

La madrugada del 8 de noviembre de 1992, un grupo de sicarios irrumpieron en una discoteque de Puerto Vallarta. Sacando armas de sus sacos, según reportes informativos, los hombres dispararon contra las luces del lugar para luego dirigir el fuego a miembros del cártel de los Arellano Félix.

Seis personas murieron en el subsecuente tiroteo. Desde hace mucho tiempo los cronistas de las brutales guerras de la droga en México han atribuido la masacre a Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Ayer, fiscales alegaron que Guzmán estuvo involucrado en la matanza y aseguraron tener planes de contar la historia de aquella matanza durante el proceso que se le sigue en Nueva York a 'El Chapo', dio a conocer The New York Times.

La balacera se menciona en el memorándum gubernamental de 90 páginas presentado el martes en el caso. Con el inicio del extenso juicio de conspiración programado para septiembre, el objetivo del memorándum es enlistar los delitos que se cree cometió Guzmán, pero que no se describieron específicamente en el sumario de cargos. Los delitos se cuentan por legiones, se indica en el memorándum, incluyendo homicidios, actos de tortura, plagios, fugas de cárceles y un intento por traficar siete toneladas de cocaína en latas de chiles jalapeños.

El nuevo documento gubernamental constituyó la primera versión pormenorizada sobre la evidencia a menudo cruenta que la Fiscalía planea presentar al jurado.

En 2001, dijo el Gobierno, mientras Guzmán estaba peleando con dos cárteles rivales —el del Golfo y los Zetas— ordenó a sus sicarios capturar y torturar a cualquier integrante de esos grupos que pudieran encontrar. Algunos de los hombres llevados ante su presencia para que los interrogara se hallaban “atados e indefensos”, se lee en el memorándum. “Por lo menos en un caso”, escribieron los fiscales, “el propio imputado disparó a quemarropa a los rivales y ordenó a sus lacayos deshacerse de los cuerpos”.

En el memorándum claramente se intenta describir a Guzmán, de 58 años, como un hombre calculador y violento. Por ejemplo, en 2006, ordenó golpear a dos miembros de 'Los Zetas', dijo el Gobierno, para luego dispararles a ambos en la cabeza “con un arma larga”. De acuerdo con el documento, luego Guzmán “ordenó a sus trabajadores hacer un hoyo, arrojar los cadáveres y prenderles fuego”.

El abogado de Guzmán, A. Eduardo Balarezo, dijo ayer estar revisando el documento y que “respondería en su debido momento”.

Balarezo lleva meses argumentando que Guzmán no puede tener un proceso justo con las estrictas restricciones que se le han fijado en el penal y la publicidad amarillista en torno al caso. El lunes, el abogado presentó sus propios documentos solicitando que el Gobierno le proporcione los antecedentes penales de varios narcotraficantes, mensajeros, sicarios y contadores que los fiscales pudieran llamar al estrado.

Probablemente esos testigos describan las brutalidades que el Gobierno mencionó en el memorándum, pero dichas versiones no serán las únicas presentadas. Los fiscales escribieron contar asimismo con fotografías satelitales de Guzmán y su operación, libros contables decomisados, docenas de videos, miles de llamadas telefónicas e e-mails interceptados y más de 300 mil páginas de documentos. Dijeron que tal vez incluso exhiban evidencia sobre los pagos de Guzmán a sus abogados como “prueba de la riqueza y los substanciales ingresos inexplicables del imputado”.

Sin embargo existen ciertas cosas que el Gobierno no desea que el jurado escuche. En el memorándum se señala en dicha categoría cualquier sugerencia sobre las obras de caridad realizadas por Guzmán en México y el reciente anuncio que hizo a través de un abogado de estar planeando contender —desde su celda en Nueva York— por el Senado mexicano. 

El gobierno ha solicitado asimismo al juez que instruye el caso, Brian M. Cogan, excluir toda mención en torno a la entrevista que el actor Sean Penn le hizo a Guzmán en 2015 para la revista Rolling Stone. El Gobierno no estuvo de acuerdo con la entrevista debido a que Penn se refirió en ella a Penn como “una figura similar a Robin Hood” y alegó que el público estadounidense que adquiere drogas fue cómplice de sus delitos.

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