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Juez federal bloquea ejecuciones en Arkansas

El Diario | Sábado 15 Abril 2017 | 14:08 hrs

Associated Press | Kristine Baker

Associated Press | Kristine Baker

Atlanta– Este sábado, una jueza puso un alto a los planes que tenía Arkansas de llevar a cabo una serie extraordinaria de ejecuciones que empezarían el lunes, aumentando el caos legal que inició con el esfuerzo que hizo el Estado para ejecutar a ocho asesinos convictos en menos de dos semanas, reportó The New York Times.

Aunque la oficina del procurador general de Arkansas no anunció inmediatamente que podría apelar la decisión, la orden judicial preliminar que fue emitida este sábado por la jueza Kristine G. Baker de la Corte Federal de Distrito en Little Rock, Arkansas, amenazó con desbaratar el plan que tenía el Estado para realizar sus primeras ejecuciones desde el 2005.

Esa decisión aumenta el caos legal que rodea la programación de ejecuciones del Estado, que estableció en el mes de febrero el gobernador Asa Hutchinson.

Los fallos de otros jueces dieron como resultado el aplazamiento de las ejecuciones de dos prisioneros, y este viernes, un juez de la Corte de Circuito del Condado Pulaski en Arkansas, emitió una orden de restricción que prohíbe al Estado usar las existencias que tiene de una de las tres drogas usadas en la pena de muerte.

Este sábado, en una orden que consta de 101 páginas, la jueza Baker aceptó los argumentos que presentaron los ochos prisioneros cuyas ejecuciones habían sido programadas, además de otro interno del pabellón de la muerte, cuya dependencia en el Midazolam, un sedante que es utilizado en la ejecución, representa un riesgo para sus derechos constitucionales.

La droga es uno de los sedantes más populares y versátiles del mundo y por lo menos seis Estados la han utilizado en las ejecuciones desde el 2013.

Hace menos de dos años, la Suprema Corte de Estados Unidos ratificó su uso en las ejecuciones.

Sin embargo, la opinión dividida de la Suprema Corte en el caso Glossip contra Gross, hizo poco para resolver la controversia relacionada con el Midazolam, que fue desarrollado en los años 1970 como una alternativa del Valium, habiéndose convertido en los últimos años en la droga utilizada en las ejecuciones.

Después de la decisión que tomó la Suprema Corte, con 5 votos a favor y 4 en contra, los críticos de la pena de muerte siguieron argumentando que a la droga le faltaba poder para dejar al prisionero lo suficientemente inconsciente antes de que se les administraran las drogas que causan dolor cuando detienen la respiración y los latidos del corazón de una persona.

La droga había sido usada en ejecuciones que mayormente provocaron poca indignación, aunque también fue utilizada en una serie de ejecuciones que salieron mal.

En el 2014, por ejemplo, el MIdazolam fue parte del protocolo de drogas que utilizó Arizona en la ejecución de un hombre que duró casi dos horas, desde entonces, el Estado estuvo de acuerdo en no utilizar Midazolam para llevar a cabo las sentencias de muerte.

Durante una audiencia de cuatro días que se efectuó este mes en la corte que preside la juez Baker en la capital de Arkansas, escuchó los argumentos acerca de la droga que se han convertido en algo muy familiar en todo el país.

Su decisión será puesta a prueba en el Octavo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que tiene su sede en San Louis y es una de las más conservadoras del país.

La colisión entre los fallos y órdenes ocurrió mientras Arkansas se preparaba para llevar a cabo una ejecución este lunes en el pabellón estatal de la muerte situado en Grady, al sureste de Little Rock.

Hutchinson, quien es republicano, reconoció que el ritmo planeado estaba relacionado con la fecha de expiración de las existencias estatales de Midazolam, que es en abril.

La programación del Estado provocó una condena y escepticismo internacional.

También generó una lluvia de desafíos legales y solicitudes de clemencia.

En un escrito que envió a la Suprema Corte en un caso del 2015 en donde se ratifica el uso del Midazolam como una droga para las ejecuciones, el juez Samuel A. Alito Jr., también se refirió a las preguntas acerca de cuánta protección constitucional deberían tener las personas respecto al dolor.

La corte, dijo el juez Alito, ha encontrado que “la Constitución no requiere que se evite todo el riesgo de sufrir dolor”.

Luego agregó: “Después de todo, aunque la mayoría de los humanos desea tener una muerte sin dolor, muchos no tienen esa buena fortuna. Sosteniendo que la Octava Enmienda exige la eliminación de básicamente todo el riesgo de sufrir dolor aunque eso podría convertir en ilegal la pena de muerte”.

 


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