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Niegan asilo a veterano que enfrenta la deportación

El Diario Digital | Lunes 20 Marzo 2017 | 13:42 hrs

Archivo | Miguel Pérez Jr.

Archivo | Miguel Pérez Jr.

La juez de Inmigración, Robin Rosche, le negó la solicitud de asilo a Miguel Pérez Jr., un veterano de guerra condecorado y residente permanente, quien deberá regresar a su natal México tras cumplir una condena en una prisión estatal por delitos graves relacionados a drogas, informó su familia y grupos que lo apoyan. El veterano apelará, mencionó su madre, al periódico Hoy Chicago.

Pérez Jr., de 38 años, quien estuvo asignado en dos misiones en Afganistán, basó su petición en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. En virtud de esa disposición internacional, Estados Unidos acuerda no deportar a personas a países donde podrían ser torturados.

El abogado de Pérez Jr., Chris Bergin, argumentó en días pasados ante el tribunal que la vida de su cliente estaría en peligro si regresa a México, donde no vive desde que era un niño de 8 años. Según activistas de derechos humanos y defensores de los veteranos deportados, los cárteles de drogas se enfocan en reclutar exresidentes estadounidenses, en particular veteranos con experiencia en combate para obligarlos a trabajar para ellos, y aquellos que se niegan ponen su vida en riesgo.

Esperanza Pérez, madre de Miguel, comentó que él se dio cuenta del cambio en el estatus de su caso tras llamar a una línea telefónica para detenidos que les proporciona información sobre el estatus de sus juicios.

El martes por la tarde, cuando Pérez Jr. llamó a ese número, según contó su madre, el mensaje automático le informó que su caso fue decidido en su contra.

Sin embargo hasta hoy, aún la familia no tenía conocimiento de alguna decisión oficial por escrito, indicó la señora Pérez al diario Hoy Chicago, e indicó que aún están en espera de más detalles sobre la decisión y la fecha programada para la deportación del veterano.

La familia planea reunirse con su abogado, Chris Bergin, para considerar el próximo paso. Según la madre del veterano, la familia tiene 30 días luego del fallo para entregar una apelación, algo que planean hacer.

La madre dice estar muy preocupada por su hijo, quien podría enfrentar peligro al regresar a un país que no conoce y del cual partió cuando era un niño.

La deportación es un factor “de vida o muerte”, dijo la señora Pérez.

El que ella regrese a México para ayudar a su hijo Miguel sería una decisión difícil, indicó la madre.

“Tenemos una casa y una hija acá”, mencionó. Y mantener sus empleos aquí también es importante para poder apoyar a su hijo, reconoció.

Durante la audiencia de Pérez Jr., su abogado comentó que “hay un patrón de impunidad del gobierno (mexicano) en lo que se refiere a abusos de los derechos humanos”.

En ese momento, la Fiscalía rechazó el argumento de que el peligro que supuestamente enfrenta Pérez califica bajo la disposición de tortura.

“Entiendo que es un caso (que amerita comprensión) porque él ha servido a nuestro país”, dijo Anastasie Senat, asistente al jefe principal del Servicio de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional (USCIS). “Pero es la ley del Congreso la que procuro hacer cumplir y la que debemos hacer cumplir y respetar, y en esta situaciones no se decide a criterio”.

Pérez violó la ley, dijo Senat, y debe enfrentar todas las consecuencias de su condena, incluida la deportación.

En días recientes Pérez compareció ante la juez de Inmigración Robin Rosche —vía circuito cerrado— desde un monitor de 32 pulgadas, desde una ubicación no revelada en Chicago. Respondió a las preguntas de la juez y abogados sobre su historia familiar, educación y decisión de enlistarse en el ejército de Estados Unidos en abril de 2001.

También describió sus temores de la posibilidad de convertirse en una presa en México. Los veteranos a menudo son fácilmente identificados por sus tatuajes, lenguaje y expresión corporal. Pérez describió sus tres tatuajes: la Estatua de la Libertad, una cruz de batalla para honrar a un soldado caído y la insignia de las Fuerzas Especiales del Ejército de EU que dice “Liberar a los oprimidos”.

“No es lo que creo que me pasaría, es lo que sé que pasaría”, dijo Pérez, quien fue diagnosticado después de la guerra con trastorno de estrés postraumático. “No se trata de poder… encajar y mezclarme. Simplemente no funciona de esa manera ¿Cuánto tiempo podré ocultar el hecho de que fui deportado y de que serví en el ejército?”

Pérez es uno de los muchos residentes legales permanentes que han servido en el ejército de EU, y luego se han enfrentado a la posibilidad de la deportación a sus países nativos después de cometer un crimen. Al igual que otros, Pérez erróneamente pensó que se convirtió en ciudadano de EU automáticamente cuando juró proteger a la nación. Sus superiores nunca le ofrecieron ayuda para acelerar su ciudadanía, dijo él en la Corte.

El exmilitar descubrió el descuido cuando fue convocado a la Corte de Inmigración poco antes de su liberación del Hill Correctional Center en Galesburg, donde sirvió siete años por entregar una bolsa con cocaína a un oficial de policía encubierto. En lugar de ir a Chicago desde la cárcel, Pérez fue puesto bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado a un centro de detención de Wisconsin para inmigrantes que esperan ser deportados.

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