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Es veterano de Afganistán y ahora enfrenta la deportación

El Diario Digital | Lunes 06 Febrero 2017 | 11:45 hrs

Cortesía | Miguel Pérez Jr. Imagen Galeria

Cortesía | Miguel Pérez Jr.

Un residente de Estados Unidos, quien sirvió a ese país en dos misiones en Afganistán enfrenta ahora la posibilidad de ser deportado, tras ser condenado por delitos relacionados con drogas, publica el periódico Chicago Tribune.

El soldado de primera clase, Miguel Pérez Jr. recuerda haber visto salir el sol en Afganistán el 4 de julio de 2003. Mientras su unidad de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos emprendía el camino hacia Kandahar, vio la bandera estadounidense ondeando en el campamento militar, y sentía el alivio de haber sobrevivido otra misión.

“No creía que iba a sobrevivir”, dijo Pérez, de 38 años, un veterano de guerra condecorado y residente permanente de Estados Unidos, al Chicago Tribune.

Luego de regresar al país que considera su hogar, y donde lleva 30 años de residencia, Pérez enfrenta la posibilidad de ser deportado a México luego de recibir una condena por delitos graves.

Pérez es uno de los muchos veteranos, algunos de los cuales sufrieron heridas graves y trauma emocional durante el combate, que han sido condecorados por el servicio y luego confrontados con la posibilidad de deportación después de cometer un crimen.

Al igual que muchos otros, Pérez creía equivocadamente que al juramentarse para proteger a la nación, se había convertido en ciudadano estadounidense.

Descubrió que no era así cuando fue convocado a la Corte de Inmigración poco antes de ser liberado de una prisión estatal, donde pasó siete años por entregar un maletín de cocaína a un oficial de policía encubierto.

En vez de regresar a casa desde la cárcel, Pérez fue enviado a un centro de detención migratorio del ICE, en Wisconsin.

Hoy lunes, un juez de una Corte de Inmigración en Chicago decide su futuro en una audiencia de deportación.

Aproximadamente 18 mil 700 residentes permanentes legales sirven actualmente en las fuerzas armadas de Estados Unidos, y alrededor de 5 mil se dan de alta cada año, según el Departamento de Defensa. Más de 109 mil soldados se han convertido en ciudadanos, según estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos.

Aunque la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) estima que cientos de veteranos han sido deportados por circunstancias similares a las de Pérez, el número exacto no se sabe, porque USCIS no lo monitorea.

Una portavoz de la agencia dijo que los funcionarios consideran el servicio militar como un “factor positivo” durante los procedimientos de deportación.

Cuando un residente legal o un indocumentado comete un delito, el procedimiento estándar de ICE es deportarlo luego que cumpla su condena.

“ICE respeta el servicio y el sacrificio de los que están en servicio militar, y es muy prudente en la revisión de casos que involucran a veteranos militares estadounidenses”, dijo la portavoz de Inmigración, Gail Montenegro, al Chicago Tribune.

“Cualquier decisión tomada por ICE que pueda resultar en la deportación de un extranjero (que sirvió en las fuerzas armadas) debe ser autorizada por la dirección superior regional, después de la evaluación local”, añadió Montenegro.

Más allá de esa consideración especial, los legisladores no han establecido ninguna otra protección para los soldados indocumentados que enfrentan la deportación.

“Tenemos una deuda enorme de gratitud y respeto a todos los hombres y mujeres que han peleado por nuestra nación”, dijo el representante John Shimkus, un republicano del sureste de Illinois y teniente coronel retirado del Ejército. “Sin embargo, el servicio militar previo no crea una exención a las leyes de nuestro país. La política actual … ya permite que las circunstancias únicas de cada caso sean consideradas”.

El abogado de Pérez argumenta que su vida estaría en peligro si fuera deportado a México, donde no ha vivido desde que tenía 8 años. Los cárteles de drogas con frecuencia reclutan a exresidentes estadounidenses, especialmente veteranos con experiencia en combate, y los que no acceden pueden estar en peligro.

“Ser deportado a México, donde corre el riesgo de ser asesinado… Estar separado de toda su familia y del único país que conoce, parece ser un castigo que va más allá del crimen”, escribió su abogado, Chris Bergin en una moción presentada a fines del año pasado.

En una serie de entrevistas telefónicas desde el Centro de Detenciones de Kenosha, Wisconsin, Pérez contó su historia.

Pérez contó que se dio de alta en el Ejército el día que cumplió 23 años, el 17 de abril de 2001, recuerda que le explicó al reclutador que quería devolver algo a Estados Unidos por las oportunidades que ha brindado a varias generaciones de su familia.

Sus bisabuelos paternos recibieron el asilo político en EU luego de huir de la Revolución Mexicana. Su abuelo paterno nació en EU y su padre, un exfutbolista profesional, trajo a su familia a Estados Unidos con la meta de jugar por el Chicago Sting, un club de fútbol profesional que se disolvió en 1988.

Según el Departamento de Defensa, Pérez se embarcó en su primera misión en Afganistán en mayo de 2002 y luego regresó para iniciar otra misión en abril de 2003.

Allí, Pérez sirvió en las Fuerzas Especiales, llevando suministros a una base que estuvo controlada por el Talibán, patrullando las ciudades cercanas de actividad terrorista, y participando en redadas contra sitios sospechosos de pertenecer al Talibán.

Las explosiones de granadas y explosiones en las carreteras durante sus patrullajes le causaron que perdiera una gran parte de su audición, contó Pérez, y todavía sufre fuertes dolores de cabeza.

En Navidad, después de su segunda misión, regaló con orgullo a su padre una bandera que había ondeado en su base en Afganistán. A su madre le dio una medalla que recibió por su servicio.

“Estoy muy orgulloso de él porque defendió a nuestro país”, dijo Miguel Pérez Sr., su padre. “Defendió al sistema, defendió a esta tierra y defendió a la bandera”.

Mientras esperaba su siguiente misión en su base de Fort Bragg, buscó la misma adrenalina que le provocaba el combate. Pérez Jr. comenzó a consumir cocaína. Falló una prueba de drogas rutinaria y aceptó la baja para regresar a Chicago.

El 3 de julio de 2002, el presidente George W. Bush firmó una orden ejecutiva para que los soldados estadounidenses pudieran solicitar de forma inmediata la ciudadanía expedita. Pero Pérez estuvo en Afganistán y no recibió la noticia de que tenía que solicitarla. Pensaba que había ganado la ciudadanía automáticamente.

En Chicago, Pérez luchó para mantenerse en un empleo. Buscó tratamiento en un hospital de la Asociación para Veteranos, donde fue diagnosticado con el trastorno de estrés postraumático, y una posible lesión cerebral traumática, que nunca fue comprobada.

Pérez contactó a un amigo de la infancia que le ofrecía drogas y alcohol. Estaba con él la noche del 26 de noviembre de 2008 cuando fue arrestado por entregar un maletín con cocaína a un oficial encubierto. Pérez se declaró culpable del cargo que involucraba menos de 100 gramos de cocaína y fue sentenciado a 15 años en prisión, de los cuales cumplió la mitad antes de ser liberado.

Mientras estuvo encarcelado, en Hill Correctional Center en Galesburg, Pérez se graduó del colegio comunitario Lake Land College, y buscó terapia psicológica y para la adicción. Se le prescribió un antidepresivo para la ansiedad, y comenzó a trabajar como profesor asistente, ayudando a otros reos a obtener sus diplomas de la secundaria.

Se mantenía en contacto con sus hijos, y planeaba una vida nueva al salir de la cárcel.

A principios de 2016, Pérez se dio cuenta de que nunca recibió su ciudadanía y que podía ser deportado.

Durante la mayoría de sus siete años tras las rejas, Pérez no vio a su madre, Esperanza, quien no quería verlo en traje de prisionero. Pero cuando se dio cuenta de su situación migratoria, dijo que la llamó inmediatamente.

Esperanza Pérez buscó ayuda en el santuario Adalberto United Methodist en el barrio de Humboldt Park, al oeste de Chicago.

Ahora su hijo está apoyado por esta congregación, por varios grupos comunitarios y religiosos, y hasta por grupos de veteranos, uno de los cuales asistió a una de las audiencias del caso, en diciembre, donde pidieron misericordia para Pérez, cuyos errores fueron causados en parte por las heridas que le dejó la guerra, dijeron.

Además, el Consejo Municipal de Chicago, la Junta de Comisionados del Condado de Cook, y ambas cámaras del Congreso estatal han aprobado resoluciones que piden el alivio federal para soldados indocumentados que cometieron crímenes no violentos.

Aunque ese alivio no parece próximo, varios representantes estatales y federales escribieron cartas de apoyo para Pérez, incluyendo el congresista Luis Gutiérrez, quien planea estar en la audiencia de hoy.

Pérez fue condecorado con varias medallas, la Army Commendation Medal, la National Defense Service Medal, Global War on Terrorism Expeditionary Medal, Global War on Terrorism Service Medal y el Army Service Ribbon.

“El sudor, las lágrimas, y hasta la sangre que nosotros hemos derramado por este país nos hace tan americanos como cualquiera que nació aquí”, dijo Pérez.

Un grupo de veteranos planea viajar a Washington, mañana martes, junto con la pastora Emma Lozano, para abogar por una reforma en apoyo a los veteranos indocumentados. Esperan que Pérez esté entre ellos.

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