Acelera Obama deportación de centroamericanos

The New York Times
2014-08-06

Nueva York— Tras haber declarado que la oleada de inmigrantes centroamericanos que cruzaban la frontera era una crisis humanitaria, la administración de Obama ha cambiado drásticamente su estrategia por una de disuasión, transportando a las familias a centros de detención más aislados y acelerando sus procesos de deportación para enviar un claro mensaje a sus países de origen de que aquellos que sean capturados entrando a Estados Unidos de manera ilegal no se les permitirá quedarse.

En un remoto paraje del desierto de Nuevo México, en el poblado de Artesia, más de 600 mujeres y niños se encuentran bajo custodia en un centro de detención de emergencia que fue abierto en junio. El viernes, los oficiales comenzaron a llenar un nuevo centro en Karnes, City, Texas, para albergar a unos 532 adultos y menores, y han agregado más camas al centro familiar en Pennsylvania, el cual actualmente alberga a unas 95 personas.
La mayor parte del debate en torno al influjo de ilegales se ha centrado en los 57 mil menores que viajan solos y que han sido aprehendidos en la frontera desde el pasado octubre. Pero el número de menores que viajan sin sus padres se ha incrementado rápidamente, casi triplicándose a más de 22 mil en lo que va de este año en comparación con los 8 mil 500 que fueron aprehendidos en el 2013, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew. Más de 40 mil adultos con sus hijos —una cifra sin precedentes— fueron capturados a lo largo de la frontera del suroeste, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
Recientemente, la mayoría de las familias eran liberadas para quedarse en Estados Unidos mientras sus casos de deportación se movían con lentitud a través del sistema tribunal. Pero tal medida hizo que se propagara el rumor hasta Centroamérica que si los padres de familia llegaban a Estados Unidos con sus hijos, se les daría permisos para quedarse. Para ponerle un alto a semejantes habladurías, los oficiales dijeron que están acelerando el proceso de detención de las familias.
“Nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, enfatizando su punto de vista cuando el centro de Karnes City comenzó a operar la semana pasada.
Los inmigrantes en Artesia fueron aprehendidos en el sur de Texas, luego transportados a más de 700 millas (mil 126 kilómetros) de distancia hasta las improvisadas barracas construidas detrás de las paredes del plantel de entrenamiento de la Policía. Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que el plan es tener a los inmigrantes bajo custodia no más de 10 días antes de deportarlos en avión a sus países.
Pero el plan de la administración se ha complicado por las aseveraciones de muchos inmigrantes que dicen que tienen miedo a ser deportados y regresar a sus países azuzados por la violencia perpetrada por las pandillas, haciendo que se soliciten revisiones de sus casos para determinar si pueden abogar para conseguir el asilo político. Algunos inmigrantes se han rehusado a firmar los documentos de viaje requeridos para sus deportaciones. Por lo menos dos mujeres y sus hijos en Artesia fueron retiradas de los vuelos de deportación en la pista de despegue tras insistir que sus vidas estarían en peligro si volvían a su país, de acuerdo con los defensores legales que visitaron el centro.
“Me dijeron que seguramente iba a ser deportada, pero no quiero regresar a mi país”, dijo Katy Serrano, de 22 años, una madre salvadoreña con un bebé de 15 meses de nacido, en una apurada entrevista por teléfono celular desde el centro de detención, donde la comunicación por teléfono es limitada. “Toda mi familia está aquí, y en mi país sólo están las pandillas que dijeron que le harían daño a mi hijo”.
A finales de julio, 283 mujeres y 344 menores se encontraban en Artesia, incluyendo docenas de infantes y niños pequeños, casi todos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. La administración les está poniendo las cosas muy difíciles a los inmigrantes que solicitan el asilo político y les está negando el derecho a pagar una fianza a casi todos, incluyendo a los niños que han calificado a ser liberados de manera legal, de acuerdo con los abogados y trabajadores sociales.
Cinco oficiales de inmigración apostados en el centro están interrogando a los inmigrantes para evaluar sus miedos a la persecución, y en una improvisada sala los jueces de inmigración están atendiendo los casos de asilo político por teleconferencia, ya que se encuentran muy lejos del lugar. Pero los abogados que han hecho el largo viaje hasta Artesia, que se encuentra a 240 millas (386 kilómetros) de Albuquerque y 200 millas (322 kilómetros) de El Paso, han descubierto que no existe un protocolo para dejarlos entrar y no hay manera de siquiera presentar la documentación básica de la corte.
“Simplemente instalaron este enorme molino de deportación en medio de la nada”, dijo Olsi Vrapi, un abogado de inmigración de Albuquerque. Una mujer a la que él estaba rindiendo asistencia legal para que se le otorgara el asilo político le fue negado rápidamente por un juez mientras que un asociado de su oficina esperaba afuera del centro para que lo dejaran entrar.
Durante el primer mes en el centro de Artesia, 209 inmigrantes fueron deportados, según dijeron los oficiales. El ritmo de las deportaciones podría haber sido más rápido, pero cerca de dos tercias de las madres expresaron sus miedos de volver a enfrentar la violencia que se vive en sus países, por lo que consiguieron que sus casos fueran revisados para poder abogar a favor de que se les otorgue el asilo político, según dijeron los defensores legales. Los abogados que han entrevistado a los inmigrantes en Artesia dicen que muchos cuentan con más argumentos válidos para que se les otorgue al asilo político que muchos otros centroamericanos que llegaron a Estados Unidos en el pasado.
Con tan sólo unas semanas para organizar el centro de detención, los oficiales de inmigración trabajaron rápidamente para crear un espacio para las familias, con pequeños cuartos con literas para las madres con sus hijos, sillas altas en la cafetería y un área de juegos con juguetes. Los detenidos reciben atención médica y vacunas cuando arriban al lugar, según dijeron los oficiales. Un niño que enfermó de varicela la semana pasada fue puesto rápidamente en cuarentena mientras que otros detenidos fueron vacunados y las deportaciones fueron temporalmente suspendidas.
Pero el centro no es adecuado para mantener a niños pequeños por mucho tiempo. Serrano dijo que su hijo, Mateo, había caído enfermo repentinamente durante las cuatro semanas en Artesia, presentando síntomas de tos y vómito que requirieron que el niño fuera transportado de emergencia a un hospital de las cercanías. El sábado, su fiebre volvió a elevarse. Los oficiales han reiterado que Serrano está programada para ser deportada y se negaron a liberarla junto con su hijo.
“No cuentan con la habilidad para cuidar a estos niños pequeños”, dijo Bryan Johnson, un abogado que representa a Serrano, agregando que él batallaba mucho para comunicarse con ella desde sus oficinas en Bay Shore, Nueva York, debido a que no hay líneas telefónicas en el centro. “Están poniendo a estos bebés en riesgo para disuadir a futuras personas de que se atrevan a venir a Estados Unidos”.
Tras años de litigios debido a las deplorables condiciones, la administración de Obama cerró en enorme centro de detención familiar en el 2009, el centro T. Don Hutto, en Texas.
Peter Boogard, un portavoz de Seguridad Nacional, dijo que Artesia y otros centros familiares “asegurarán más deportaciones efectivas” de adultos con niños “que se apeguen a nuestras obligaciones legales e internacionales”.
Las familias en Artesia enfrentan una dura lucha para evitar ser deportadas. Lisa Brodyaga, una abogada del Valle del Río Grande, está representando a una mujer salvadoreña que fue detenida con su hija de 11 años. El esposo de la mujer, siendo un oficial de la Policía, se rehusó a unirse a las pandillas. La mujer, a la que Brodyaga identifica únicamente como O. para proteger su privacidad, había dado una detallada descripción de cómo ella huyó de los miembros de la pandilla que acamparon afuera en la azotea de su casa y acosaban a su familia en el mercado, amenazándolos con violar a su hija.
Con espacio limitado en el centro, los oficiales de asilo político interrogaron a la mujer y a su hija juntas, según dijo Brodyaga, y fallaron a favor de que sus temores no eran creíbles.
“Es muy difícil explicar con tu hija de 11 años presente que ella es la que podría ser violada y asesinada si regresan a su país”, dijo Brodyaga, agregando que la mujer aún está luchando contra su deportación.
Los pocos inmigrantes que califican para ser liberados se les dijo que no se les permitirá pagar una fianza. De acurdo con los documentos de la corte, los fiscales gubernamentales argumentan que al liberar a los detenidos en Artesia “insta a que se suscite la inmigración en masa”, lo cual traería “consecuencias sumamente adversas que atentan contra la seguridad nacional”.
Laura Lichter, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, quien ayudó a movilizar a un cuerpo de abogados a que se dirigieran a Artesia, dijo que los oficiales de inmigración parecen estar siguiendo el proceso legal de manera desinteresada. “La percepción”, dijo, “es que las personas que van ahí son deportadas”.

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