Miguel Silva
El Diario
Chihuahua– “Corre peligro nuestra vida. Corre peligro la vida de mi hijo, ¿y todo por qué? Porque nosotros no nos hemos prestado a las cosas que la Fiscalía quiere. No nos hemos prestado a que mi esposo se declare culpable. No nos hemos prestado a declarar lo que la Fiscalía quiere”, manifestó Sofía Duarte, esposa de Gerardo Villegas Madriles, al finalizar la diligencia que se realizó en su domicilio.
Aseguró que son víctimas de una persecución política por parte del gobernador Javier Corral Jurado, por ser sobrina del exmandatario y que las intimidaciones desde que su esposo se encuentra en prisión no han cesado.
La cónyuge de Villegas Madriles, afirmó que ni ella ni sus abogados fueron notificados de la diligencia que se hizo durante la mañana de ayer en su domicilio, a donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron por orden de la Dirección de Enajenación de Bienes.Acusó que cada vez que su esposo se niega a declararse culpable o sujetarse a un juicio abreviado, se realizan este tipo de intimidaciones y que desde el momento de su captura, hace alrededor de un año y medio lo han amenazado, diciéndole que su familia está afuera y que sí no se declara culpable se van a ir en contra, razón por la que temen por su integridad y acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para levantar una queja.
De igual modo expresó que la FGE ya cuenta con un escrito de lo que pretende que su esposo declare y en el que se relatan cosas de las que no tiene conocimiento y, ante la negativa de su marido es que se llevan a cabo este tipo de intimidaciones.
Cuestionó la forma en la que el estado ha protegido a Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda, y que en declaraciones que él mismo ha hecho, ha detallado la forma en la que operó y cómo presuntamente se desviaron recursos, pues él era el que autorizaba todo y tenía acceso de los recursos.
Expresó que los agentes al ver a los medios de comunicación afuera del domicilio mostraron una actitud tranquila, pero una vez que ingresaron al domicilio, mismo que recorrieron y revisaron a detalle, se condujeron de forma déspota y prepotente, al dirigirse a ella y a sus abogados, y que el actuar de la fiscalía quedó documentado para que no le fueran a “sembrar” alguna evidencia. Dijo que la vivienda fue adquirida en 2014 por medio de un crédito bancario a través de Bancomer, mismo que aún no terminan de pagar y por lo tanto la vivienda aún no es de su propiedad y pertenece a la institución financiera, razón por la que la Fiscalía no se puede adueñar de ella a pesar de que se encuentra asegurada.
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