Criminales: los tuvieron y los dejaron ir

De la Redacción
El Diario
2018-11-08

Chihuahua– Presuntos y peligrosos líderes del narcotráfico, puchadores, sicarios y homicidas gozan de la libertad a pesar de que en un momento estuvieron en las manos de la policía, como resultado de averiguaciones mal integradas, según la percepción de abogados.
“Una buena carpeta de investigación no va a generar impunidad”, dijo ayer el penalista Héctor Villasana y agregó: “lo más fácil es luego decir que (el inculpado) se encontraba en posesión de droga o de armas, se le detiene y luego se le imputan otro tipo de delitos. La mayoría de estos casos obedece a negligencia del Ministerio Público y policías investigadores; primero detienen y luego llevan a cabo la investigación”.
En los últimos dos años casos que han sido anunciados por el Gobierno como fuertes golpes a la delincuencia se han venido abajo mientras la Fiscalía responsabiliza a la “puerta giratoria” del Sistema Penal y los jueces acusan falta de integración en las averiguaciones.
La liberación de René Gerardo Santana Cruz, alías El 300, en el 2017; o de Roberto González Montes, alías “El Mudo”, en el 2016, permitieron que delitos de alto impacto continuarán sucediendo. A ‘El 300’, las autoridades lo señalan como presunto responsable de asesinatos a policías. A ‘El Mudo’,  lo presentaron como segundo del enfrentamiento ocurrido en Las Varas, municipio de Madera, que dejó más de una decena de muertos. Para el abogado Héctor Villasana, las causas que impactan en la liberación están relacionadas de manera directa con la integración de las averiguaciones y la inobservancia de los procesos establecidos durante una detención.
“En La mayoría de los casos es porque se viola el procedimiento y los derechos humanos de la persona al momento de llevar a cabo su detención. En la mayoría de los escenarios las detenciones se llevan sin una orden de aprehensión o se simula una flagrancia”, apuntó.
Esto, dijo, provoca que cuando el inculpado está ante el juez, y ejerce su derecho de defensa, logra demostrar que no fue detenido de la manera en que los oficiales detallaron en su parte informativo, el juez dicta nulidad.
“Muchas veces se ingresa a los domicilios indebidamente o se detienen vehículos indebidamente, se les tortura a los detenidos o consiguen pruebas de forma ilícita”, ejemplificó el abogado.
En ese escanario, consideró, lo más fácil para la parte acusadora es culpar al juez que los liberó, cuando la responsabilidad, en su totalidad, recae en las fiscalías o las procuradurías.
“Incluso pasa lo mismo las sentencias absolutorias. Cuando hay una sentencia absolutoria nos sorprendemos, pero resulta que todas las pruebas presentadas por el MP eran ilícitas: se obtuvo con alguna violación a los derechos humanos, se llevaron actos de tortura contra el detenido. Todo eso cuando llega al juez tiene que decretar la nulidad de los actos de detención. El sistema (juicio oral) no tiene nada que ver, son los vicios y la falta de capacitación sobre las policías, la falta de recursos de los policías y de los agentes investigadores. El sistema no los pone en libertad o los juzga, el problema son los operadores del sistema. A los policías no se les capacita lo suficiente, ni hay recursos para llevar a cabo una investigación sólida, el exceso de trabajo también puede ser una causa por la que sea viable que se equivoquen”, manifestó.

Caso ‘El 300’
‘El 300’, fue detenido por primera vez la madrugada del 15 de septiembre del 2017, en las inmediaciones de un hotel ubicado en el parque industrial Omega, en Ciudad Juárez.
El operativo especial del que derivó su arresto fue realizado por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según dio a conocer en esa fecha la propia Fiscalía.
Al presunto líder criminal se le atribuían desde entonces las amenazas que existían contra los cuerpos policiacos, así como ser el presunto autor intelectual del homicidio de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, en el exterior de su hogar.
De acuerdo a las autoridades, Santana Cruz –a quien le fue incautada una pistola, cargador abastecido con una decena de tiros y más de 100 envoltorios con cocaína– tenía alrededor de 250 personas que realizaban actividades de venta de droga, cobro de cuotas y sicariato.
Su detención fue celebrada por el gobernador Javier Corral, quien dijo que el presunto delincuente era una pieza importante en la estructura criminal.
Sin embargo, el 19 de diciembre, Santana, identificado también por la autoridades como “matapolicías” y líder de la pandilla ‘Los Aztecas’, fue liberado además de participar en la ejecución de dos agentes ministeriales y de un policía municipal, fue sentenciado a cuatro años de prisión por un juez federal, mediante un procedimiento abreviado y condenado además a pagar 5 mil pesos como garantía por la pena condicional que le permitió salir en libertad.
 

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