Itzel Ramírez/
El Diario
Ciudad Juárez— La controversia constitucional promovida por el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia anexa un documento en el que se incluye en calidad de antecedente una advertencia que hizo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al presidente Enrique Peña Nieto.
En el documento presentado el 11 de octubre por la Consejería Jurídica de Presidencia se agrega una nota del sitio oficial de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua en la que Corral declaró que la justicia alcanzaría al presidente saliente.
“Lo puedo decir con absoluta certeza, aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune, tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, indicó el gobernador el 28 de septiembre en una entrevista que se reproduce en el portal, y que es incluida como anexo al oficio 1.1751/2018 en el que se reclaman los actos de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial y del gobernador, todos de Chihuahua, que pudieran significar acciones judiciales en contra de funcionarios federales.
“La protección a César Duarte tiene que ver con el propio pellejo de Peña Nieto, ni más ni menos es lo que está atrás de todo esto”, agrega.
La advertencia lanzada por Corral ocurrió el mismo día en que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, abandonó la prisión de Aquiles Serdán, tras un mandato judicial que eliminó la medida cautelar de prisión preventiva, después de que se dictara el sobreseimiento de la acusación en su contra por el desvió de 250 millones de pesos.
Ese día, Corral aseguró que su Gobierno acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la actuación de la Procuraduría General de la República, que decidió primero atraer el caso al fuero federal y posteriormente no presentar cargos contra Gutiérrez.
“Es el cierre diría yo vergonzoso, el cierre cínico de un gobierno corrupto y corruptor que se confabuló con los delincuentes, los corruptos, y una componenda entre jueces y ministerios públicos de la PGR para llevar a cabo procesos simulados, defensas cínicas”, acusó Corral en la entrevista referida y presentada como anexo en la controversia constitucional.
En el documento, que fue turnado al ministro Luis María Aguilar, se impugna cualquier averiguación, investigación, solicitud de información, orden de investigación, solicitud de colaboración, emisión de citatorios, de órdenes de detención y aprehensión, arraigo, comunicación o participación de la FGE o del gobernador, así como de los jueces y magistrados del orden estatal.
Específicamente en contra del gobernador, se interpuso la controversia sobre “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, según indica la controversia, identificada con el número 183/2018.
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