Miguel Silva
El Diario de Chihuahua
Chihuahua, Chih.- La Procuraduría General de la República (PGR), tiene detenida una investigación en contra de las juntas municipales de Agua y Saneamiento de Juárez y Chihuahua por supuestos desvíos de recursos por más de 400 millones de pesos que se cometieron en estos organismos durante la pasada administración estatal, por la retención de salarios al personal que labora en estas instituciones y entregado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así lo informó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien acusó a esta dependencia de solapar la corrupción que se vive en el país, pues teniendo elementos suficientes no procede en contra de los imputados.
Nieto Castillo, que será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quien llevara a cabo la investigación por retención de salarios a trabajadores de la administración estatal durante el gobierno de César Duarte, dijo que es inexplicable que la PGR no actúe, ni persiga los actos de corrupción que se han cometido y de los que hay constancia.
Dijo que las investigaciones ya se tenían avanzadas y ya se tenían los elementos necesarios para la solicitud de audiencia inicial; sin embargo, la PGR nunca procedió para llegar a dicha instancia y el caso se encuentra detenido.
Santiago Nieto Castillo, fue titular de la Fepade y tuvo a su cargo la investigación de delitos electorales cometidos durante la administración de César Horacio Duarte Jáquez, el cual fue destituido en octubre del 2017 de esta fiscalía, luego de supuestas presiones que recibió con relación al caso Odebrecht, en donde se investiga un supuesto desvío de recursos al PRI nacional.
Comentó que desafortunadamente por cuestiones políticas la mayoría de los casos dejan de investigarse quedando en la impunidad y las autoridades argumentan que no hay elementos suficientes para proceder en contra de los implicados incurriendo en una “terrible” omisión y en una simulación de combate a la corrupción.