Itzel Ramírez
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Con presupuestos que llegan a cientos de millones de pesos, los fideicomisos públicos de Chihuahua mantienen sin fiscalización los recursos públicos, al no ser sometidos a ningún tipo de auditoría sobre el ejercicio del gasto.
De los 11 fideicomisos sujetos a auditorías, seis no han realizado una sola revisión interna o externa que permita verificar su manejo.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), por su lado, tampoco ha hecho la fiscalización de los recursos públicos de los fideicomisos, que este año en conjunto recibieron más de mil 50 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado y los informes financieros de algunos de esos entes.
Un ejemplo es el Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (Fechac), al que se le asignaron 320 millones 388 mil 579 pesos como presupuesto para este año, sin embargo no ha sido sujeto a ninguna auditoría de la ASE ni tampoco se ha sometido a revisión alguna, como hacen regularmente los entes públicos.
Falta de auditoría, la constante en fideicomisos
“El fideicomiso no ha sido sujeto de auditoría a su ejercicio presupuestal por parte de autoridad competente”, detalla Fechac en sus obligaciones de transparencia en el rubro en el que debe informar sobre las auditorías a las que se ha sometido.
Según el registro del Congreso, la última cuenta pública examinada de ese fideicomiso, de número F/47611-9, fue realizada en 2012.
La falta de revisión se repite en otros entes que por ley son fiscalizables, como el Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), que en 2018 recibió 60 millones de pesos como asignación del presupuesto del Estado de Chihuahua.
La última cuenta pública revisada por el Congreso local fue de 2015 y desde entonces no hay registro de auditoría de la ASE ni de ningún otro órgano externo –privado o público– al gasto del Fideapech.
La carencia de revisión al ejercicio del gasto contrasta con el aumento que en los últimos dos años, coincidentes con la administración de Javier Corral, ha tenido el Fideapech, que pasó de recibir 9 millones 970 mil pesos en 2016 a 12 millones 486 mil pesos en 2017. Aunque el aumento más grande fue para este año, ya que los 60 millones de pesos asignados representan un crecimiento de 400 por ciento.
La Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua establece que los fideicomisos públicos están sujetos a revisiones tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Función Pública. Además de que les obliga a realizar auditorías de manera periódica.
“Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales –que incluyen a los fideicomisos– tendrán las siguientes atribuciones indelegables: aprobar anualmente, previo informe de los comisarios, los dictámenes de las auditorías practicadas, los estados financieros de la entidad paraestatal y autorizar la publicación de los mismos”, indica la fracción IV del artículo 61 de la ley.
El artículo 65, en su fracción III, menciona que los fideicomisos públicos deben tener un organismo interno de control que debe presentar al órgano de gobierno del ente “los informes resultantes de las auditorías”.
A pesar de la normatividad vigente, la revisión hecha por El Diario a informes de auditorías que deben encontrarse en las obligaciones de transparencia de los entes mencionados muestra que la constante es la falta de fiscalización a los recursos públicos.
En esa situación se encuentran el Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, que recibió 7 millones 656 mil 278 pesos sin que haya auditoría para el ejercicio de este año. La última revisión de la ASE a Casa Chihuahua es de 2012.
El Fideicomiso Expo Chihuahua, que este año es responsable del manejo de 31 millones 27 mil 844 pesos, no tiene una auditoría completa para 2017 ni para este año. La más reciente cuenta pública corresponde a 2016.
Mientras que el Fideicomiso Fondo Mixto Conacyt, con 40 millones de pesos asignados, tampoco tiene auditorías ni revisiones sean propias –a través de despachos externos– o de la ASE.
El Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (Fanvi), al que le fueron asignados 25 millones de pesos en el presupuesto de 2018, reporta no haber sido objeto de ninguna auditoría.
“Desde que se creó el fideicomiso no ha sido sujeto a revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado, a través del Sistema de Rendición de Cuentas”, explicó el Fanvi en las obligaciones de transparencia. Ello significa que desde 2011, cuando comenzó operaciones, los cientos de millones de pesos del fideicomiso han sido gastados sin que medie ninguna fiscalización.
En la ASE hay registro únicamente de un informe de auditoría de obra en 2012.
En días pasados, el Congreso del Estado se manifestó a favor de una revisión a fondo de los gastos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), debido a que la cuenta pública de 2015 presentaba algunas irregularidades no solventadas.
Desde ese año, Ficosec no ha sido objeto de revisión por la ASE, pero tampoco ha impulsado la fiscalización que indica la Ley de Entidades Paraestatales. Con 160 millones 194 mil pesos de pesos como presupuesto en 2018, la entidad informó que la auditoría del ejercicio de 2017 estaba todavía “en proceso”.
Cuestionada en los últimos días por las adjudicaciones de obra, los pagos millonarios a proyectos ejecutivos y las compras de insumos de obra, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua es otra de las entidades que no ha realizado una sola auditoría desde su conformación en 2016.
Este año el Fideicomiso de Puentes Fronterizos ha captado 356 millones 87 mil 423 pesos por concepto de peaje de cruces. El ejercicio de esos recursos no ha sido fiscalizado ni al interior de la entidad de carácter público ni por la ASE.
Con recursos menores, los fideicomisos Policía Amigo y Tránsito Amigo, que recibieron 4 millones 740 mil 664 pesos y un millón 218 mil 792 pesos, respectivamente, tampoco han realizado auditoría alguna. El último registro de ambos es un informe de revisión de la ASE correspondiente a 2012.
El artículo 4 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua especifica que los fideicomisos de la administración pública estatal forman parte de los entes fiscalizables por el órgano revisor.
Además de “cualquier persona física o moral, pública o privada que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos”, se especifica en la fracción X del artículo 2 de la misma ley.
A pesar de ello la ASE no ha ejercido sus funciones fiscalizadoras en los fideicomisos públicos.
Una excepción a la opacidad en la fiscalización es el Fideicomiso de promoción y fomento de las actividades turísticas (¡Ah Chihuahua!), que con un presupuesto de 62 millones 893 mil pesos –modificado a 84 millones 111 mil 77 pesos– sí ha hecho auditorías trimestrales para 2017 y 2018.
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