El Diario
2018-10-11
Chihuahua— El diputado y dirigente del PRI, Omar Bazán, adelantó ayer que se analiza el interponer denuncias en contra del gobernador Javier Corral por el delito de usurpación de funciones por ejercer un política constante de intervención en los otros Poderes del Estado, buscando “no ser llamado a cuentas ante los casos de corrupción e impunidad que distinguen a su administración”, aseveró.
Enumeró que ese estilo intervencionista ha quedado de manifiesto en varios casos que son del conocimiento público: el nombramiento del titular de Auditoría Superior (ASE), la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de la Judicatura y en la destitución del presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
Esas conductas, aseveró Bazán, encajan en lo previsto en el artículo 284 del Código Penal del Estado, que establece que “a quien sin ser servidor público, valiéndose de cualquier medio, se atribuya ese carácter o ejerza alguna de las funciones de tal cargo, o siendo servidor público, se atribuya un carácter diverso al que le corresponde, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa”.
Afirmó que en el caso del Ichitaip, el gobernador intervino para destituir a su presidente Rodolfo Leyva y pese a que un juez federal ordenó la restitución de dicho funcionario en su cargo, mantiene un litigio para evitar cumplir con el fallo y a un presidente a modo al frente de la transparencia en el Estado.
En el Poder Judicial, añadió, intervino para destituir a su presidente Gabriel Sepúlveda e imponer a Julio César Jiménez Castro, utilizando arbitrariamente la mayoría en el Congreso del Estado. La Suprema Corte de Justica declaró la inconstitucionalidad de esos actos y el presidente del Poder Judicial tuvo que retirarse.
En el caso del Consejo de la Judicatura de Chihuahua, manifestó Bazán, es claro que “ es espurio y está actuando en usurpación de funciones, únicamente sostenido por el afán de Javier Corral de controlar el Poder Judicial e imponer jueces y magistrados a modo”.
En la Auditoría Superior del Estado, manifestó, impuso y mantuvo a Armando Valenzuela Beltrán, como encargado del despacho, tras obligar a renunciar a Ignacio Rodríguez Bejarano, y finalmente colocó a Héctor Acosta Félix, como titular de la ASE.
“Su propósito es utilizar dicho órgano técnico del Congreso del Estado como una herramienta de control político y de opacidad de sus gastos”, aseguró Bazán.
El diputado del tricolor añadió que por esas y otras causas, es sólo una cortina de humo, “ y exaltación de un trasnochado culto a la personalidad de Javier Corral”, aseveró.
“Avalamos la rendición de cuentas y el castigo a todo aquel que viola la ley, pero con este evento, Javier Corral intenta con descaro cubrir las graves irregularidades detectadas en poco más de dos años de administración”, dijo Bazán.