Martin Orquiz/
El Diario de Juárez
A 19 meses cumplidos de la intervención del Gobierno del Estado en la seguridad pública de municipios del noroeste de la entidad, la violencia que se refleja en el número de homicidios y otros delitos de alto impacto cometidos en esa zona, se acrecentó y se mantiene en ese nivel desde entonces, establecen estadísticas oficiales.
Durante los dos años anteriores al inicio de la estrategia, 2015 y 2016, en los municipios de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Temósachic, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, que conforman la zona occidente, se registró un homicidio cada dos días, mientras que a partir del 2017 y en lo que va del 2018 esa cifra es de casi uno diario.
Información de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que en esa área durante el 2015 se cometieron 239 homicidios, en promedio 20 al mes; mientras que en el 2016 esa cifra decreció a 178, 15 cada mes.
En 2017, a pesar de que en febrero de ese año se instauró la intervención del Gobierno del Estado para contrarrestar la violencia en la zona, el número de asesinatos se incrementó a 353, 29 cada mes en promedio; en lo que va del presente año se registraron 217 asesinatos y promedia 27 cada mes.
A través del decreto 80/2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 18 de febrero del 2017, se determinó que el gobernador Javier Corral Jurado asumía de forma inmediata el mando de las policías municipales, viales y de tránsito de los municipios de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Temósachic, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza.
El de Cuauhtémoc entró al mismo régimen hasta dos meses después.
En el documento se argumentó que se imponía la acción por tratarse de un caso “de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público”, por lo que a partir de esa fecha serían los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) los responsables de la seguridad pública en los municipios señalados.
Además, el Gobierno estatal justificó la imposición diciendo que era del conocimiento de la población y de las autoridades “que el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados en esa región, por lo que es de suma importancia que el Gobierno estatal asuma un control del territorio”.
Las cifras de los homicidios no se redujeron de forma significativa, lo que ocurrió fue que el grupo identificado como “La Línea” disminuyó su presencia en la región luego de la captura de Carlos Arturo Quintana “El 80” en mayo pasado por elementos del Gobierno Federal.
Ese mismo mes, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, declaró a El Diario que el Cártel de Sinaloa replegó a “La Línea” tras los enfrentamientos ocurridos en esa región del estado.
Al menos 300 elementos de la CES, que en su mayoría procedían de las ciudades de Chihuahua y Juárez, fueron enviados al área para sustituir a los policías municipales y “asumir el control territorial”.
Bajo control de seguridad estatal
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