Blanca Carmona
El Diario de Juárez
Otro juez electo en el concurso de oposición realizado hace unas semanas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y quien actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público (MP), al parecer cometió un error durante una audiencia y esto provocó que un tribunal de control dictara auto de no vinculación a proceso a favor de una persona acusada de haber cometido un robo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.
El miércoles pasado el fiscal Dirceu Ismael Solís Mendoza omitió fundar y motivar una solicitud de vinculación a proceso que peticionó en contra de un hombre acusado de haber cometido un robo agravado, Christian Alejandro Garay Vidaña, por lo que el tribunal de control lo dejó en absoluta libertad.
El pasado 30 de agosto, el fiscal y también juez electo Jesús Pérez Gallardo Alvarado fue retirado de una sala por una jueza de Control al determinar que no tenía los conocimientos necesarios para realizar una formulación de cargos.
En la diligencia realizada el miércoles pasado en la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial”, el representante social Solís Mendoza solicitó a un juez de Control ratificado que tuviera por reproducidos los datos de investigación que en una audiencia anterior le había dado a conocer, pero no aportó mayor información.
Por lo que al resolver la petición, el resolutor fue enfático en señalar que al fiscal le faltó fundar y motivar su petición, es decir, enumerarle cuáles eran los datos de prueba que tenía para acreditar que se había cometido una conducta considerada como delito por la legislación vigente y que Garay Vidaña había participado.
Así como exponer cuándo, dónde y cómo había sucedido el ilícito.
El juzgador señaló que Solís Mendoza debía cumplir las exigencias del Artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
“…el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, señala el apartado 313 al que hizo referencia el juez.
El robo del que fue acusado Garay Vidaña presuntamente sucedió el pasado 6 de abril en las instalaciones de la FGE Zona Norte ubicadas en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en la Unidad de Violencia Familiar en perjuicio de la agente del MP Perla Guadalupe Pérez González.
De acuerdo con datos oficiales, ese día aproximadamente a las 12:30 horas Christian Alejandro Garay Vidaña tomó del bolso de mano de la fiscal Pérez González 4 mil 500 pesos, aprovechándose de la confianza que tenía para ingresar a los cubículos de la FGE Zona Norte.
Sin embargo, el miércoles pasado el titular de un tribunal de control determinó que no se reunían los requisitos de ley para vincular a proceso a Garay, básicamente que no había dato de prueba para establecer que hubo un delito y la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión.
Al concurso de oposición convocado por el Consejo de la Judicatura se registraron 507 abogados, de estos fueron elegidos 54 como jueces de primera instancia con carácter de definitivos y de acuerdo con el Consejo se seleccionaron los mejores después de un proceso que incluyó tres exámenes y una capacitación.
El proceso generó inconformidad entre los funcionarios judiciales que contendieron por una plaza y quedaron fuera, varios de ellos consideraron que se trató de una “limpia” de jueces provisionales, que los parámetros para la evaluación psicométrica no fueron claros y no se reconoció la carrera judicial.
También cuestionaron el hecho de que en la primera etapa se permitió avanzar a sustentantes que tenían calificaciones mínimas como 60, 61, 56, 55 y 53, y quedaron fuera abogados con calificaciones más altas.
En materia penal tanto Dirceu Ismael Solís Mendoza como Jesús Pérez Gallardo Alvarado están en la lista de abogados seleccionados como jueces junto a otros tres agentes del MP, así como varios defensores públicos, dos jueces provisionales y dos funcionarios judiciales.
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