Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
El Comité de Participación Ciudadana del Estatal Anticorrupción consideró que la red en la que participan el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo y la administradora Araly Cristina Licón implica un conflicto de intereses.
“Se observa una relación que afecta la imparcialidad y objetividad en la selección de proveedor entre el personal de la Coordinación de Comunicación Social y el apoderado legal así como empleados de la empresa en mención (Xtreme Sports).
“La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que no se pueden hacer contrataciones de servicios cuando exista un conflicto de intereses”, explicó el CPC en el documento en el que, formalmente, solicitan a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Estado que investiguen las ilegalidades en las que podrían haber incurrido los servidores públicos.
El CPC busca que organizaciones de la sociedad civil se sumen al exhorto para que se dé celeridad a las investigaciones sobre la posible comisión de ilegalidades al interior de la Coordinación de Comunicación Social.
El exhorto solicita a ambas instituciones que además de iniciar la investigación, se dé un informe sobre los hallazgos y se finquen las responsabilidades o delitos correspondientes.
“En la misión del combate a la corrupción, el CPC Chihuahua realiza un exhorto a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Función Pública para que realicen las investigaciones correspondientes a hechos sucedidos dentro de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado”, indica la misiva.
El Diario publicó esta semana que en la Coordinación operaba una red en la que Pinedo y Licón otorgaron millones de pesos a través de adjudicaciones directas a empresas relacionadas con sus parejas sentimentales, Susana Ruiz Licón y Efraín Maldonado, respectivamente. (Itzel Ramírez / El Diario)
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