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El Diario de Juárez
A unas horas del atentado contra el alcalde electo de Valentín Gómez Farías, Blas Godínez Ortega, las calles del municipio están vacías y cerrado el salón Presidentes, donde sería hoy la toma de posesión a las cuatro de la tarde.
En el interior del consultorio de la víctima, donde se registró el atentado, aún son visibles los rastros de sangre. Lo mismo ocurre con el cordón rojo colocado alrededor del inmueble después del crimen.
Ningún agente de la Comisión Estatal de Seguridad, que se hizo cargo de la seguridad pública de este municipio desde febrero de 2017, fue observado en el poblado.
“Todos tenemos miedo; también cancelaron el juego de béisbol hoy en la mañana, y nos dijo la policía que no saliéramos después de la siete de la noche”, mencionó uno de los pocos habitantes que pudo ser entrevistado.
También vacía estaba la casa que funciona como sede del Comité Directivo Municipal del Movimiento de Regeneración, partido que postuló a Godínez como candidato luego de que el crimen organizado secuestrara, en noviembre de 2017, a su padre Blas Godínez Loya entonces director del Hospital Regional y aun en calidad de desaparecido.
El alcalde electo el pasado 1 de julio fue atacado la noche del viernes por un hombre armado que entró en su lugar de trabajo y le disparó en la cabeza. El reporte médico más reciente indica que se encuentra delicado. Morena, de acuerdo con el diputado local Miguel Colunga, se encuentra al momento deliberando quién tomará protesta en su lugar el próximo lunes.
Los habitantes en Gómez Farías, mientras, permanecen en sus casas, desde cuyos interiores se les observa sólo asomándose por las ventanas.
En el recorrido se observó también vacío el exterior del consultorio en el que se perpetró el crimen, en la calle Agricultura número 102, al igual que la calle principal, la Iglesia y, en general, el resto del poblado. Tan sólo algunos vehículos interrumpen el silencio.
Este municipio es uno de siete de la zona occidental de la entidad que fueron “intervenidos” por el Ejecutivo estatal en febrero de 2017, cuando se decretó el reemplazo de los agentes de seguridad pública local por estatales.
En la zona, sin embargo, la violencia y el desplazamiento de personas armadas han persistido hasta la fecha.