Jaime Armendáriz
El Diario
Chihuahua— El caso del priista Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, detenido por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos estatales a las arcas del PRI, generó ayer un desencuentro entre diputados del PAN y PRI en la primera sesión ordinaria de la legislatura actual.
Acción Nacional pretendía aprobar un acuerdo para solicitar la investigación de elementos federales tras el desistimiento del caso y con ello dar luz verde a la posible liberación de Gutiérrez, encerrado desde diciembre del 2017 en el Cereso número 1 del estado de Chihuahua.
El documento lo leyó la diputada Georgina Bujanda; sin embargo, el coordinador de la bancada, Fernando Álvarez, pidió analizar el planteamiento con los demás partidos políticos y evitar su votación.
“Solicitamos enviar el asunto a la Junta de Coordinación Política para su real entendimiento y definición. Que ahí se valore para tratar de sumar a las bancadas a este punto de acuerdo, porque es importante que este Congreso defina bien si va a combatir la corrupción o no. Es un caso emblemático de lo que no queremos que ocurra ni vuelva a ocurrir”, expresó Álvarez.
“El PAN se rajó”, consideró Omar Bazán, dirigente estatal del PRI y diputado local por ese mismo partido, quien ya tenía listo un posicionamiento para votar en contra de la solicitud. La petición se turnó a la Junta de Coordinación Política, organismo aún no instalado.
Al conocer el desistimiento panista por votar el asunto, Bazán aprovechó el uso de la tribuna y dijo que la legislatura entrante tiene retos importantes ante la elección en la pasada de un auditor “a modo y a capricho del gobernador para permitir corruptelas en el Gobierno del Estado”.
Dijo que el Legislativo debe defender su autonomía y no estar asumiendo los temas que tiene el Ejecutivo. La solicitud planteada por el PAN se dio a la par de que el gobernador Javier Corral Jurado condenó a nivel nacional la estrategia de PGR para desistirse del caso de Gutiérrez.
A nombre de Morena, el diputado Benjamín Carrera coincidió en que el exhorto pretendido por Acción Nacional debe valorarse por todas las fracciones parlamentarias, ante el trasfondo político del caso.
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