Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La salida de Ernesto Ávila Valdez de la Secretaría de Salud de Chihuahua cierra un episodio en el que el ahora exfuncionario fue sujeto de investigaciones por compras a sobreprecios, falta de pago a proveedores y hasta por la adjudicación indebida de recursos públicos.
Ayer por la mañana, el gobernador Javier Corral anunció la renuncia de Ávila Valdez, médico militar, como titular de la Secretaría de Salud. En su lugar entró Jesús Enrique Grajeda.
Desde 2017, varios diputados solicitaron la destitución de Ávila, lo que fue ignorado por el ejecutivo, hasta ahora cuando el médico fue removido del cargo.
Pocos meses después de llegar a la titularidad de la Secretaría de Salud, en octubre de 2016, Ávila Valdez se enfrentó a su primer escándalo, cuando se reveló que había aceptado en diciembre un bono por más de cien mil pesos sin justificación.
Devolvió bono tras escándalo
Luego de hacerse público el bono, el secretario dijo que se había “dejado llevar” al aceptar la compensación, que fue devuelta a las arcas estatales en abril de 2017, únicamente después de que se hiciera pública la prestación tomada por el exfuncionario.
Posteriormente, en agosto de 2017, una adjudicación directa por hasta 80 millones de pesos a la novel empresa Egro Servicios de México S.A. de C.V. violó el límite establecido por la Ley de Adquisiciones. Además de la adjudicación directa, el contrato acordó con Egro la compra de 600 claves de medicamento a sobreprecio, de acuerdo con los lineamientos de la Federación para la compra de medicinas.
La adquisición motivó una investigación de la Secretaría de la Función Pública, misma que hasta el momento no ha revelado el resultado del procedimiento.
Con Ávila al frente de la Secretaría de Salud, la dependencia estatal facturó millones de servicios a favor de Grupo Ángeles –también por la vía de la adjudicación directa–, uno de los lugares en los que el secretario laboró previo a integrarse al sector público.
Aun cuando las compras a sobreprecios y por adjudicación directa fueron justificadas por Ávila Valdez como necesarias para enfrentar la escasez de medicamentos en el sector público de la entidad, protestas por falta de insumos y medicinas en clínicas y hospitales fueron constantes durante la administración del funcionario.
Durante el primer semestre del año, médicos y enfermeros del Hospital de la Mujer en Juárez y de otras instituciones en toda la entidad, protestaron por la falta de insumos y especialistas para atender las necesidades de los usuarios del sector salud. Ante las propuestas Ávila argumentó que el Instituto Chihuahuense para la Salud requería 100 millones de pesos adicionales al presupuesto asignado para cubrir las demandas del personal médico.
El incremento en inseguridad –homicidios dolosos y balaceras– en gran parte del territorio de Chihuahua también impactó al Sector Salud. Médicos y pasantes abandonaron sus puestos de trabajo particularmente en municipios de la Sierra de Chihuahua, ante la situación, el secretario manifestó que no podía “llevar a la fuerza” a los médicos que no querían acudir a esa zona.
Este año, Egro demandó a la Secretaría de Salud por un adeudo de 20 millones de pesos. Después de la demanda, Ávila Valdez solicitó un amparo para evitar su detención por la Procuraduría General de la República.
En ese contexto, la Comisión de Salud del Congreso determinó citar al secretario para que diera cuenta de su desempeño al frente de la dependencia.
Ávila no acudió al Legislativo con el argumento de que estaría de vacaciones, lo que fue criticado por diputados de oposición.
La reunión entre el entonces secretario y los diputados se realizó finalmente el 14 de agosto. En el encuentro, el director ejecutivo de Servicios de Salud, Pedro Ramírez, insultó a la diputada priista Rocío Sáenz.
El subordinado de Ávila fue obligado a abandonar el recinto legislativo y posteriormente fue sancionado con una suspensión laboral sin goce de sueldo por 15 días. (Itzel Ramírez / El Diario)
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