Miguel Chavarría/
El Diario
Chihuahua— La LXV Legislatura del Congreso del Estado abandona hoy sus escaños para dar paso a la siguiente generación de diputados locales.
Ayer, tras una de las sesiones más ocupadas de todo su período, fueron presentados 21 dictámenes, pero fueron dejados hasta 186 asuntos pendientes a discutir en el Pleno.
Durante los tres años de la Legislatura fueron recibidos mil 543 asuntos a ser discutidos; de ellos, mil 147 fueron aprobados y 52 rechazados; por otra parte, 136 fueron turnados a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Las comisiones que más dejaron iniciativas sin resolver fueron los de Programación y Presupuesto de la Hacienda Pública con 23 asuntos pendientes. Esta comitiva fue conformada por los panistas Jesús Alberto Valenciano García y Jorge Carlos Soto Prieto; María Isela Torres Hernández, del PRI; Rubén Aguilar Jiménez, del PT, y Miguel Alberto Vallejo Lozano, de Movimiento Ciudadano.
Una de las iniciativas varadas más trascendentes que se turnaron a esta comisión fue presentada por la perredista Crystal Tovar Aragón en abril.
El asunto sin resolver consistía en reformar el Presupuesto de Egresos de Chihuahua de 2018 para reorientar futuras erogaciones millonarias de la Coordinación de Comunicación Social hacia la Secretaría de Salud, cuya crisis financiera y falta de abastecimiento en medicamentos orilló a su secretario, Ernesto Ávila Valdez, a presentar su denuncia ayer.
La segunda comisión que más acumuló iniciativas estancadas fue la Comisión de Justicia, con 22 asuntos pendientes.
La comitiva, conformada por los panistas Laura Mónica Marín Franco, Carmen Rocío González Alonso, Gustavo Alfaro Ontiveros, María Hernández Martínez y la priista Torres Hernández, abandonó la resolución de su iniciativa para la creación del tipo penal de conducción de vehículo en estado de ebriedad.
Esta iniciativa planteó reformar el Código Penal de Chihuahua para sancionar con hasta dos años de cárcel a los conductores que fueran multados dos veces dentro de un período de un año por manejar en estado de ebriedad.
La diputada promotora de esta iniciativa, Laura Marín, dijo que la falta de infraestructura en los municipios provocó bajar el dictamen. Ante ello, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) tener como prioridad dotar a los ayuntamientos del estado con peritos especializados para que la próxima Legislatura pueda retomar y aprobar el tema.
Además, la posibilidad de reformar varios artículos del Código Penal para la protección de menores de edad que fueran víctimas indirectas del feminicidio fue dejada en el limbo por los legisladores y nunca se discutió en el Pleno de la Torre Legislativa.
Otra de las comisiones fue la de Transparencia y Acceso a la Información Pública que recibió por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para la expedición de la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado. Sin embargo, la iniciativa nunca fue aprobada ni los otros 14 asuntos turnados a la comisión.
Conocida por organizaciones civiles como la “Ley Mordaza”, Corral Jurado presentó a finales de mayo una iniciativa que supone un reforzamiento de reglas y mayor control a medios de comunicaciones estatales para la difusión de campañas gubernamentales.
La ley fue después criticada por uno de los artículos que Corral Jurado removió de la iniciativa.
El capítulo consistía en que el Gobierno del Estado evitaría contratar a medios de comunicación que vulneren los derechos humanos de las personas relacionadas con un hecho noticioso, tales como víctimas o presuntos responsables de accidentes viales, homicidio, secuestro o delitos sexuales.
En uno de los artículos explica que las autoridades también deberán abstenerse de adjudicar algún contrato a medios en los que “se difunda propaganda del crimen organizado o de grupos terroristas, incluyendo mensajes en imágenes de mantas, cartulinas, grafiti, fotografías, videos o semejantes”.
Estas normas estipulaban un control indirecto de la línea editorial de los medios de comunicación locales, así como la generación de contenidos.
Tras mesas de trabajo, Corral Jurado ‘erogó’ dichas obligaciones, sin embargo, la iniciativa no fue resuelta y no hay pistas de que el asunto pueda suceder a la próxima Legislatura.
Sin embargo, una de las iniciativas pendientes que la diputada del PAN Laura Marín anunció que pasaría a la siguiente legislatura sería la Ley de Transporte y Movilidad Urbana.
La diputada, quien preside la Comisión Especial de Movilidad Urbana, retiró la posibilidad de darle una resolución al asunto, ya que concesionarios agremiados de la CTM amagaron con tomar el Congreso del Estado si se mantenía la intención de sacar el tema a discusión a días de finalizar la LXV Legislatura.
Los inconformes se negaron a formar parte de las negociaciones de la iniciativa, ya que argumentaron “no haber sido convocados oficialmente” a la elaboración de la ley.
A pesar de que la diputada Laura Marín anunció que la Ley de Transportes, así como las reformas al Código Penal Estatal para agravar las sanciones a conductores ebrios se heredará a los próximos diputados, no existe alguna norma que obligue a la siguiente legislatura a heredar los 186 asuntos pendientes de sus antecesores.
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