Miguel Chavarría/
El Diario
Chihuahua— La Coordinación de Comunicación Social del Estado (CCS) gastó cerca del doble de los egresos que la Secretaría de Salud erogó de enero a julio de este año.
El Poder Ejecutivo erogó recursos públicos por 51 millones 394 mil 943 pesos en gastos de la CCS por el concepto de “Gobierno Responsable”, de acuerdo con los movimientos de ingresos y egresos del Estado, en los primeros siete meses de 2018.
El Diario intentó comunicarse con el Departamento Jurídico de la Secretaría de Hacienda para conocer los gastos que se derivan dentro del rubro de “Gobierno Responsable”; sin embargo, se negaron a proporcionar detalles de la información.
Frente a la generación de 51.3 millones de pesos en pasivos por parte de la CCS, la Secretaría de Salud erogó un gasto de 28 millones 748 mil 746 pesos, según archivos transparentados recientemente por Hacienda.
Los egresos de ambas dependencias han incrementado desde enero, pero a partir de junio, los gastos de la CCS aumentaron considerablemente respecto de mayo pasado, de 6 millones 53 mil 157 pesos a 14 millones 884 mil 87 pesos, respectivamente. Es decir, el Ejecutivo gastó más del doble de lo ejercido el mes anterior en gastos de orden institucional.
La SS, por su parte, ha tenido un aumento paulatino desde enero, cuando sólo se erogó un millón 91 mil 906 pesos hasta julio con 7 millones 745 mil 248 pesos. Ese mismo mes, CCS generó un pasivo de 16 millones 702 mil 743 pesos; más del doble que el Sector Salud.
Enfrenta Salud crisis financiera
Como se ha establecido en numerosas publicaciones, la Secretaría de Salud enfrenta una severa crisis financiera por adeudos a laboratorios, entre los cuales destaca la empresa farmacéutica Egro, a la cual se adeuda 20 millones de pesos y por ello, la compañía demandó al Gobierno estatal.
De hecho, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis) ‘boletinó’ al gobierno de Chihuahua en mayo pasado al señalarla como la tercera entidad con más deuda por compras de medicamentos a empresas integrantes de ese organismo y de no resolverse esa situación, se anunció que también demandarían al Estado.
Lo anterior frenó el abasto de medicamentos, agravó la falta de medicamentos y tiene colapsado el sistema a nivel estatal. De ahí que el Gobierno del Estado contrató créditos a corto plazo el mes pasado por 900 millones de pesos para saldar esta crisis de medicamentos.
Eduardo Fernández, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, comentó anteriormente que “los recursos obtenidos por ese concepto serán destinados al pago de compromisos con proveedores del Sector Salud, así como otras obligaciones financieras inmediatas”.
El préstamo de 900 millones de pesos se derivó de tres créditos a tres bancos. Estos compromisos del Gobierno estatal deberán amortizarse en un plazo menor o igual a un año a HSBC, que dio una suma de 570 millones; BBVA, de 300 millones y Banorte, por 30 millones de pesos más.
Durante una reunión de trabajo con el secretario de Salud, Ernesto Ávila, celebrada el 14 de agosto, integrantes de varias bancadas del Congreso local insistieron en desatorar la iniciativa de la diputada Crystal Tovar para reorientar 100 millones de pesos de la CCS a la dependencia en crisis.
En ese encuentro, los legisladores cuestionaron a Ávila por diversas irregularidades dentro de la dependencia. “Se han mantenido dos años echándole la culpa a César Duarte (exgobernador)”, reprimió la coordinadora del PRI en el Congreso, Isela Torres.
Ante la crisis del Sector Salud, Carlos Rafael Grado Salayandia, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Capítulo Chihuahua, (IMEF), afirmó que se encuentra colapsado y afirmó que es necesario la reorientación del gasto de la CCS a la Secretaría de Salud.
“Es más urgente y tiene mayor beneficio social emplear el recurso en medicinas que hacer un gasto en comunicación... Nadie muere por falta de publicidad oficial y sí por medicamentos”, señaló Grado Salayandia, quien afirmó que la crisis actual del sector es un síntoma de la falta de administración pública de la dependencia.