Miguel Chavarría
El Diario de Chihuahua
Chihuahua, Chih.- Los métodos de vigilancia que la Fiscalía General del Estado (FGE) para intervenir y analizar el comportamiento de teléfonos celulares, con el fin de recabar pruebas para una investigación criminal, son ineficaces.
Mediante un recurso de revisión, una resolución de inumplimiento de entrega de información pública y una advertencia por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), la FGE proporcionó información acerca del estado legal actual de las carpetas de investigación en donde se implementó algún método de vigilancia de comunicaciones.
Desde 2010 hasta los primeros meses de 2018, la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación contabilizó un total de 5 mil 287 carpetas de investigación en las cuales el Ministerio Público puso en marcha medidas para analizar el “comportamiento telefónico” de posibles sujetos responsables de la comisión de un delito.
Sin embargo, el estado legal de estas carpetas pone en duda la eficacia de estas formas de recolección de datos sensibles de los usuarios vigilados. De las más de 5 mil carpetas de investigación, sólo 835 concluyeron con el ejercicio de la acción penal.
Es decir, los agentes del Ministerio Público adscritos a la FGE, a pesar de tener la posibilidad y las herramientas jurídicas para obtener información sensible, metadatos, posicionamiento geográfico histórico del celular de vigilado, entre otras medidas, sólo obtuvieron un 14 por ciento de éxito para ejercer una acción penal contra el o los imputados espiados.
Además, el número de carpetas de investigación en las cuales los agentes del Ministerio Público no pudieron acreditar la responsabilidad del acusado en la comisión de un delito fue mayor al de los casos en donde hubo ejercicio de la acción penal.
Esto es debido a que en 1 mil 126 carpetas no hubo ejercicio de la acción penal desde 2010 a 2018. El resto de los casos donde hubo alguna medida de vigilancia continúa “en investigación”, de acuerdo con información de la FGE.
La Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló en su informe El Estado de la vigilancia: Fuera de control, tras analizar información referente a la eficacia de los métodos de intervención a celulares, que las medidas de vigilancia para fines de investigación criminal ha sido “exagerada y, más preocupante, que en una gran cantidad de casos las autoridades investigadoras utilizan herramientas de vigilancia en contra de personas respecto de las cuales no existe evidencia de que hayan participado en la comisión de un delito”.
La organización concluyó que resultaría sumamente difícil seguir sosteniendo la tesis de que la vigilancia, en automático, equivale a investigaciones eficaces.
La información que otorgó la FGE fue luego de que el Pleno del Ichitaip diera por no cumplido un recurso de revisión con número de expediente ICHITAIP/RR-106/2018, ya que la dependencia estatal no entregó datos correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.
“Respecto a los años de 2010 y 2011, la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación otorgó respuesta precisando que [...], después de una búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los archivos y bases de datos estadísticos, no se [ha] localizado información relativa a la materia de la solicitud de acceso a la información”, respondió Juan Urbina, encargado de la Unidad de Transparencia de la FGE.
Por esa razón, el Ichitaip dio como “no cumplida” la resolución del recurso de revisión que interpuso El Diario, ya que dichos motivos de inexistencia de información “no resultan suficientes para otorgar la certeza jurídica [...] de que la información solicitada efectivamente no obra en sus archivos”.
Por ello, el Ichitaip exhortó a la FGE a obedecer su advertencia y a cumplir cabalmente con la entrega de la información solicitada.
A pesar de que la FGE afirmó que tras una búsqueda exhaustiva no había datos estadísticos sobre el número de carpetas de investigación en donde hubo métodos de vigilancia en 2010, 2011 y 2012, la dependencia estatal afirmó que la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico realizó una búsqueda en sus sistemas informáticos y bases de datos para encontrar los datos que no fueron entregados.