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El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— La Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales dejó de recibir reos del fuero federal en los reclusorios que administra, bajo el argumento de que se trata de reos de muy alta peligrosidad.
Aunque fuentes al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que esa instrucción fue dada de forma arbitraria por el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel.
La nueva política estatal ha generado que la Policía Federal Ministerial disminuya el cumplimiento de órdenes de aprehensión, que se deje en libertad a detenidos por no tener un lugar para internarlos y está obligando a efectuar traslados a centros penitenciarios federales instalados en otros estados de la República Mexicana.
Fuentes al interior de la PGR señalaron que desde hace semanas la Fiscalía les notificó que ya no pueden seguir admitiendo a presos acusados de haber cometido delitos competencia del fuero federal, en las 11 cárceles estatales.
Uno de los últimos rechazados es el presunto capo Julio César Olivas Torres apodado “El Sixto” o “El Sexto”, quien de acuerdo con datos extraoficiales fue trasladado al Cefereso 11 instalado en Hermosillo.
Personal al interior de la PGR señaló que a los reclusorios administrados por el Gobierno estatal enviaban a detenidos por elementos adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a personas contra quienes se ejecutaban órdenes de aprehensión.
Pero debido a la negativa de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y a que el Cefereso 9 Norte –instalado a la salida de Ciudad Juárez y administrado por Gobierno Federal– tampoco admite reos del fuero federal cuando la solicitud sea de la Delegación Chihuahua de la PGR, la mayoría de los arrestados son enviados al Cefereso 5 oriente en el municipio de Villa Aldama, Veracruz.
Estos traslados se realizan vía aérea y tardan tres días en autorizarse y llevarse a cabo.
“Tenemos que pedir permiso por oficio a Gobernación (para ingresar reos al Cefereso 9 Norte) y normalmente esta instancia ordena que los llevemos al penal ubicado en Perote, Veracruz, eso tarda tres días”, indicó el informante.
El entrevistado también dijo que cuando la Policía Municipal o Estatal detiene a los ciudadanos por un delito materia del fuero federal y los consigna a PGR, el Ministerio Público de la federación no judicializa el caso a los jueces federales porque si esta autoridad les impone como medida cautelar la prisión preventiva no tienen un lugar para internarlos.
Algunos de los delitos federales más comunes en Chihuahua son portación y posesión de armas de fuego y contra la salud en cantidades superiores a las consideradas para consumo personal y en menor escala, el robo de combustible, tráfico de personas, piratería e ilícitos en materia de vías de comunicación.
Datos oficiales indican que la población penitenciaria que resguarda la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en las 11 prisiones estatales es de ocho mil 200 y desde hace meses se detectó que el Gobierno Federal a través de la PGR estaba dejando bajo el cuidado del Estado a personas consideradas de muy alta peligrosidad.
Lo que de acuerdo con fuentes estatales conlleva riesgos para los otros internos y hace necesario implementar esquemas de seguridad especiales que requieren de un mayor personal y de una infraestructura carcelaria específica.
El Gobierno estatal cuenta con siete penales varoniles, el número 1 se encuentra en Aquiles Serdán, el 2 en Chihuahua capital, el 3 en Ciudad Juárez, el 4 en Parral, el 5 en Casas Grandes, el 7 en Cuauhtémoc, el 8 en Guachochi y el 6 es el penal productivo que permanece sin echarse a andar. Además tiene dos reclusorios femeniles, uno en Aquiles Serdán y otro en Ciudad Juárez, y dos centros carcelarios para menores de edad, uno en la capital del estado y otro en esta frontera.
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