Miguel Chavarría/
El Diario
Chihuahua— Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) negó haber solicitado el acceso a datos de geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares tanto a empresas concesionarias de telecomunicaciones como a jueces federales, sí compró software especializado a una empresa vinculada con espionaje ilegal.
La compra por adjudicación directa se efectuó el 25 de mayo de 2017 con la empresa Neolinx de México, S.A de C.V. para la contratación del servicio de “localización y rastreo de teléfonos celulares” bajo la cantidad de 2 millones 699 mil 900 pesos.
El Diario elaboró una solicitud de acceso a la información pública dirigida a la FGE para obtener una copia de la versión pública del convenio SH/ADE/038/2017, que contiene las cláusulas de la “contratación de servicios” de geolocalización.
Sin embargo, la dependencia respondió que los contenidos de la compra de este software de espionaje eran información reservada, cuya difusión podría “comprometer la seguridad pública” y correría el riesgo de obstruir “la prevención o persecución de los delitos”.
El contrato con Neolinx había sido clasificado por cinco años.
Por medio de un recurso de revisión interpuesto por El Diario con número de folio RR-80-2018, el Comité del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) resolvió que la FGE debía entregar la versión pública de dicho contrato, omitiendo información que pudiera contener datos sensibles.
Lo que la Fiscalía decidió censurar fueron contenidos de datos personales e información confidencial, así como el tipo de servicio que solicitaron a la empresa Neolinx.
Aunque el nombre del representante legal de Neolinx también fue censurado en del contrato para evitar “posibles riesgos a su integridad física”, información pública disponible en el Catálogo de Padrón de Proveedores del estado de Chihuahua reveló que se trata de Bernabé Cesario Lira Uribe. En el mismo documento, describe que la actividad de la empresa está enfocada en la “distribución y comercialización en general de todo tipo de maquinaria y equipo destinado para la ACT”.
Lira Uribe también firmó como representante legal de Neolinx, un contrato para la venta de software de espionaje al Estado de México. El convenio se celebró el 8 de noviembre de 2013 y fue comprado por 12 millones 642 mil pesos.
La vigencia del contrato SH/ADE/038/2017 comenzó a partir de la fecha de su firma el 25 de mayo de 2017 hasta el día que la FGE asentó la entrega total del servicio de espionaje.
El documento fue firmado por César Augusto Peniche Espejel, titular de la Fiscalía; Guillermo Alberto Luján Peña, director general de Administración de la Secretaría de Hacienda; Georgina Alejandra Bujanda Ríos, directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y el representante legal de Neolinx, S.A de C.V.
Según un estudio sobre derechos digitales R3D, Neolinx ha fungido como empresa intermediaria de la firma italiana de programadores Hacking Team, quien ha comercializado sus servicios con los gobiernos de otras entidades como Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán
También con dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) e incluso Pemex.
El 5 de julio de 2015, una gran cantidad de correos electrónicos y documentos contenidos en los archivos de Hacking Team habían sido filtrados al público a través de Twitter.
En ellos se reveló que México había sido el comprador más grande en el mundo de malware para la intervención de las comunicaciones de sus ciudadanos. La suma de los pagos por la venta del servicio de espionaje sumó un total de 5 millones 808 mil 875 euros (alrededor de 104.5 millones de pesos en aquel año).
El software programado y comercializado por Hacking Team vía tercerización es llamado ‘Galileo’ o ‘DaVinci’.
El Diario reveló el ayer que la FGE solicitó directamente a Telcel datos de geolocalización en tiempo real en 49 ocasiones, sin permiso de un Juez Federal.
De acuerdo con respuestas a solicitudes de información, la FGE afirmó que durante 2016, 2017 y el primer trimestre de este año, no hubo ninguna solicitud a ningún juez federal ni a ninguna empresa concesionaria de telecomunicaciones para obtener datos de geolocalización.
Sin embargo, documentos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) reportaron que en 2016 y 2017, Telcel aportó en 49 ocasiones información privada de sus usuarios a FGE para facilitar la ubicación exacta y a tiempo real de las personas.
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