Redacción
El Diario
Chihuahua–En el proceso de acusación en contra del exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, por el presunto desvío de 20 millones de pesos, el juez de Control Octavio Armando Rodríguez Gaytán, en un hecho inédito, ordenó al imputado portar un dispositivo electrónico de rastreo, cuyos gastos –dijo– deberá cubrir él mismo, ante las fallas de los que son propiedad del Estado.
Esperón González pagó en total la cantidad de 31 mil pesos: 15 mil iniciales por el aparato y una renta de 4 meses por adelantado, a raíz de 4 mil pesos, lo que hace un total de 31 mil.
Critican abogados la carencia de brazaletes efectivos
El abogado Francisco Flores Legarda señaló que no es posible que el Gobierno de Chihuahua no tenga los requerimientos mínimos para poder monitorear a los procesados, en pleno siglo XXI con todos los avances tecnológicos que existen.
Agregó que esto refleja el abandono en que está el sistema de justicia chihuahuense, sin que alguien pueda poner orden.
Otros litigantes denunciaron que la Fiscalía General del Estado no ha hecho lo propio para adquirir nuevos y mejores aparatos.
En contraparte sí han destinado sumas importantes de recursos públicos para adquirir patrullas y armamento.
“No es posible que un juez le tenga que decir a un imputado que él mismo tiene que adquirir el aparato (brazalete) y además cubrir el gasto de utilización, porque los de la Fiscalía no sirven, eso es para irse para atrás”, denunció Legarda.
Otros abogados que pidieron anonimato, dijeron que ante la falta de estos aparatos, los imputados van a las cárceles generando un mayor costo en la manutención al propio Estado, cuando sus procesos pueden ser sobrellevados en libertad condicional con el uso de esta tecnología para evitar cualquier evasión de la justicia.