Vigila Estado celulares sin órdenes judiciales

Miguel Chavarría/
El Diario
2018-08-05

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) espió de forma ilegal el comportamiento de celulares por medio de métodos de geolocalización en tiempo real, a pesar de no contar con la aprobación obligatoria de un juez federal.
Según datos obtenidos por medio de varias solicitudes de información a la misma FGE y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) —sobre peticiones a jueces federales para intervenir a celulares—, el espionaje de geolocalización se llevó a cabo sin orden judicial alguna.
La Fiscalía reportó en su respuesta a la solicitud de información, con número de folio 030672018, que desde la entrada de la nueva administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el 4 de octubre de 2016, no se realizaron peticiones ante ningún juez del fuero federal ni a ninguna empresa de telecomunicaciones para adquirir datos de geolocalización en tiempo real. Pero las cifras cruzadas que el Ifetel proporcionó a El Diario sobre esta modalidad de espionaje fueron distintas.

Telcel, la más cooperativa
A pesar de que la institución de telecomunicaciones no tiene injerencia sobre las solicitudes que la FGE pidió de forma directa al Poder Judicial Federal —las cuales no fueron reportadas por las autoridades estatales—, sí proporcionó registros de las empresas concesionarias que tienen la posibilidad de entregar datos sobre la localización exacta de cualquiera de sus clientes.
De las empresas concesionarias de telecomunicaciones como: Axtel, Marcatel, Maxcom, Megacable o Movistar, fue Telcel la que entregó sin órdenes de jueces federales de por medio, todas solicitudes recibidas por parte de la FGE para intervenir en la geolocalización de dispositivos celulares durante 2016 y 2017.
Los datos de 2018 no pudieron ser rastreados debido a recientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Desde el 2 de abril pasado, fueron erogadas varias disposiciones de los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, que permitían a Ifetel tener la facultad de solicitar informes semestrales de entrega de información confidencial contenida en dispositivos celulares.

FGE no hizo solicitudes a jueces
Aunque la FGE reportó no haber hecho solicitudes a jueces federales para obtener datos de geolocalización, los registros que posee Telcel revelaron que las autoridades de Chihuahua recibieron información privada de dispositivos celulares en 49 ocasiones (dos en 2016 y 47 en 2017), desde que César Augusto Peniche asumió la titularidad de la Fiscalía.
Las solicitudes que reciban estas concesionarias pueden ser denegadas o entregadas a decisión propia de la empresa.
Sin embargo, Telcel —que fue la única que recibió peticiones de geolocalización durante 2016 y 2017— aportó toda la información que la FGE requería. De esas 49 solicitudes de entrega de datos de geolocalización en tiempo real, pueden derivarse la intervención y vulneración de dos o más líneas telefónicas por petición aprobada por la empresa de telecomunicaciones.
Sin embargo, el número total de celulares que fueron espiados mediante esta modalidad de intervención durante 2016 y 2017, es desconocido, ya que Telcel no rinde reportes sobre esos datos a Ifetel y la Fiscalía niega haber hecho solicitudes a ninguna autoridad o empresa.
La geolocalización en tiempo real de un celular implica que la FGE lo someta a un monitoreo continuo y prolongado, lo cual permite la fácil identificación de la persona que lo utiliza, así como la obtención de información importante y datos sensibles sobre ella. Cada estado en México tiene establecidos plazos máximos de geolocalización que va desde uno, tres y seis meses.

Vigilados debieron haber sido notificados
Un informe publicado en 2013 por un Relator Especial sobre derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU concluyó que los individuos que fueron sometidos a alguna medida de vigilancia de sus comunicaciones deben ser notificados una vez que la vigilancia haya sido completada y haya pasado un tiempo estrictamente necesario para que el propósito legítimo de la investigación no haya sido puesto en riesgo.
El derecho de notificación funciona para que el vigilado tenga la posibilidad de buscar la reparación del daño que pueda proceder, en caso de un posible uso indebido de métodos de espionaje bajo los cuales la persona fue sometida. Sin embargo, este derecho no existe en las leyes vigentes del Estado mexicano.
La FGE afirmó en una solicitud de información no tener registros de notificaciones a individuos de que haya cesado la intervención de comunicaciones dentro de la investigación correspondiente, lo cual puede poner en riesgo la utilización de datos personales delicados.
El concepto de vigilancia estatal no sólo engloba la obtención de datos de geolocalización en tiempo real de dispositivos electrónicos. La FGE también solicitó información a concesionarias —en esta ocasión con órdenes judiciales aprobadas— sobre el acceso a datos conservados contenidos en los celulares de los vigilados.
La recolección, almacenamiento, monitoreo o análisis de los datos conservados (también conocidos como metadatos) permite a la FGE construir un perfil sumamente detallado de una persona, lo cual, de acuerdo con la organización de defensa derechos digitales R3D, “representa riesgos a la privacidad, la seguridad y el patrimonio de la misma”.
Estos metadatos contienen información sobre los números telefónicos de origen y destino de una llamada: hora, fecha y duración de la misma, los datos de identificación de una tarjeta SIM y del dispositivo (IMEI).
Los datos conservados también permiten el acceso a la FGE a registros de localización de las antenas a las cuales se ha conectado un dispositivo móvil durante su uso. R3D afirmó en un estudio publicado en 2016 titulado “El Estado de la vigilancia: fuera de control”, que a pesar de que se pretende minimizar cuán invasiva puede ser la recolección, almacenamiento y análisis de metadatos, éstos “pueden revelar tanta o mucha más información personal que el contenido mismo de las comunicaciones”.

Movistar, la única que se negó 
Información registrada por la FGE reveló que durante 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018 hubo mil 494 peticiones de acceso a datos conservados, unas atendidas directamente por concesionarias y otras solicitadas ante un juez federal.
El Ifetel, por su parte, contabilizó mil 442, sin contar con los reportes del presente año. El 79 por ciento de las peticiones que la FGE hizo para recabar metadatos de celulares fue entregado, sin ningún rechazo, por Telcel.
Del resto de las empresas de telecomunicaciones, Movistar fue la única concesionaria que rehusó entregar información sobre datos conservados en 30 de 269 solicitudes, según documentos de 2016 y 2017 proporcionados por el Ifetel.
Derivados de las solicitudes de acceso a metadatos aprobadas, fueron 2 mil 218 los teléfonos celulares intervenidos por la FGE, bajo el motivo de “necesidad de allegarse de datos de prueba que conduzcan a esclarecer los hechos que se investigan”.
Para dimensionar la eficacia de estas medidas en las pesquisas del Ministerio Público, El Diario obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 048742018, datos que especifican si hubo o no algún ejercicio de la acción penal en las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, donde se usó algún método de vigilancia e intervención a teléfonos celulares.
La FGE reveló que hubo 3 mil 969 carpetas de investigación donde existió algún tipo de espionaje durante 2013-2018. De esa cifra, sólo en 489 pesquisas concluidas hubo un ejercicio de la acción penal, mientras que en 628 casos el Ministerio Público determinó que no existían elementos para estimar la acreditación de algún delito contra el o los imputados.
El resto de las carpetas continúan en investigación. Esto quiere decir que la posibilidad de que la FGE tenga éxito frente a la resolución de crímenes donde se usaron métodos de espionaje, es de tan sólo un 18 por ciento.

Escuchan a inocentes
La organización R3D asegura en su estudio que la desproporcionalidad en los resultados de las pesquisas donde hubo alguna forma de espionaje, revela que el uso de estos métodos para “la investigación criminal ha sido exagerada y más preocupante, que en gran cantidad de casos las autoridades investigadoras utilizan herramientas de vigilancia en contra de personas respecto de las cuales no existe evidencia de que haya participado en la comisión de un delito.
“De esta forma, resultaría sumamente difícil seguir sosteniendo la tesis de que la vigilancia, en automático, equivale a investigaciones eficaces”. La FGE no es la única dependencia de Gobierno que utiliza métodos de vigilancia ilegal.
A pesar de tener facultades para intervenir en comunicaciones privadas sólo con la autorización de un juez federal, las empresas concesionarias como Telcel pueden, aun así, entregar información sobre datos personales a otras instituciones que lo soliciten, aunque estén impedidas legalmente a hacerlo.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chihuahua solicitó directamente a Telcel, el acceso a datos conservados de dispositivos electrónicos en 92 ocasiones (37 en 2016 y 55 en 2017). El número total de teléfonos celulares intervenidos que se derivó de esas peticiones, es desconocido.
La organización R3D expresó en su estudio que “la vaguedad de las leyes que contemplan medidas de vigilancia ha dado pie a diversas interpretaciones en torno a cuáles autoridades poseen facultades de vigilancia”.
Ante la imprecisión legislativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clarificó en un Amparo en Revisión 964/2015 que las únicas autoridades que pueden considerarse facultadas para intervenir en comunicaciones privadas a petición de un juez federal son la Procuraduría General de la República (PGR), así como los Ministerios Públicos de las entidades federativas, como es el caso de la FGE de Chihuahua.
Las otras autoridades facultadas para la intervención y vigilancia de comunicaciones son la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Esto significa que el PJF en Chihuahua, por otra parte, está impedido legalmente para ejercer cualquier medida de vigilancia.
A pesar de ello, logró conseguir información y datos personales sensibles gracias a la colaboración de Telcel. De acuerdo con información que la compañía con la red celular más grande de todo México reportó a Ifetel, el PJF logró conseguir datos sobre geolocalización en tiempo real en una ocasión, en 2016.
En Chihuahua, las autoridades sin la capacidad jurisdiccional para investigar delitos logran obtener información sensible y privada directamente de los archivos de las empresas de telecomunicaciones, violando su propio principio de legalidad.
Mientras que las dependencias que sí cuentan con las debidas facultades para vigilar, lo hacen por medio de posibles formas ilícitas.

Los datos

  • Los registros de Telcel revelaron que las autoridades de Chihuahua recibieron información de celulares en 49 ocasiones
  • La FGE reveló que durante 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018 hubo mil 494 peticiones de acceso a datos conservados
  • El Ifetel contabilizó mil 442 peticiones, sin contar con los reportes del presente año
  • La Fiscalía intervino 2 mil 218 los teléfonos, bajo el motivo de “necesidad de allegarse de datos de prueba que conduzcan a esclarecer los hechos que se investigan”
  • La FGE reveló que hubo 3 mil 969 carpetas de investigación donde existió algún tipo de espionaje del 2013-2018

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