De la Redacción
El Diario de Juárez
Chihuahua— El juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, René Ramos Pérez, concedió el amparo 1851/2017 a favor del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y resolvió que no tiene fundamento la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía de Chihuahua a un juez de Control local.
La orden de captura se libró el 13 de julio de 2017 por el desvío de hasta de 275 millones de pesos de recursos públicos estatales que presuntamente se destinaron a financiar campañas del PRI a nivel nacional en el proceso electoral de 2016.
El Diario obtuvo una copia de la versión pública de la resolución del juicio de amparo, con fecha del 11 de julio pasado, donde el juzgador estableció como antecedentes que previamente el Pleno del décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el 6 de abril de 2018, la atracción —en el conflicto competencial 4/2018— de la causa penal local 780/2017 que había judicializado la Fiscalía General del Estado (FGE) por ese desvío multimillonario en contra de los procesados Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Villegas Madriles y Antonio Enrique Tarín García.
“Por ello se considera que en todo caso, a quien se debió solicitar la orden de captura (en contra de Duarte) por los hechos delictuosos que dieron origen a la integración de la multicitada causa penal 780/2017, es a un resolutor federal”, puntualizó el juez Décimo de Distrito, René Ramos.
Y continuó: “Si la orden de aprehensión reclamada se emitió por una autoridad que carece de facultades para obsequiarla, es evidente que lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal”.
En el cuerpo del amparo concedido no se establece que el exgobernador César Duarte sea eximido del delito de peculado, solamente que tocará a la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Ministerio Público Federal, solicitar al juez de Distrito la orden de aprehensión correspondiente.
En el numeral dos de la resolución, el juez de la capital del país ordenó al juez de Control local que dicte una nueva resolución, en la que resuelva que carece de competencia legal para emitir la orden de aprehensión solicitada por la FGE en contra del exmandatario estatal.
“De igual forma, la concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, al resultar inconstitucional el acto de ordenamiento; además de que la ejecución no se combate por vicios propios, sino como consecuencia de aquel acto”, precisó el juez René Ramos.
En la fundamentación de su sentencia, señaló que la autoridad competente para concederlo es un juez federal, en particular, el juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, por lo que ordenó se pusieran a su disposición los antecedentes del caso.
Por esta misma causa penal y con acumulación de otras del fuero común, están actualmente vinculados a proceso penal y recluidos en el Cereso número 1 del municipio de Aquiles Serdán, el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, apodado “La Coneja”, así como el exdirector de Administración en la Secretaria de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles y el exdirector del Comité de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FGE, cuyos resultados se han ventilado en los denominados “maxijuicios”, los tres acusados en contubernio y por órdenes de Duarte, realizaron el presunto desvío de 250 millones de pesos a través de contratos simulados y que según la Fiscalía, fueron destinados a financiar campañas políticas del PRI a nivel nacional.
Lo anterior entre los meses de diciembre de 2015 a octubre de 2016, a través de la firma de cuatro contratos simulados por servicios inexistentes a favor de las empresas denominadas: “Servicios y Asesorías Samex S.A. de C.V.” por 55 millones de pesos; “Servicios y Asesorías Sinax S.A. de C.V.” por 55 millones de pesos; “Servicios y Asesorías Sisass S.A. de C.V.” por 46 millones de pesos y, “Despachos y Profesionista Futura S.A. de C.V.” por 90 millones de pesos.
Supuestamente, todos los pagos salieron de la Secretaría de Hacienda en la pasada administración con autorización del exmandatario César Duarte y la firma del extitular Jaime Ramón Herrera, pero este último goza de su libertad al haber sido declarado testigo con identidad reservada (protegido) por las actuales autoridades estatales.