Salud Ochoa
El Diario
Chihuahua— A un año y medio de que Pensiones Civiles del Estado anunciara la entrega de las viviendas construidas durante la pasada administración a la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) para que las comercializara, esto no ha sucedido, lo que ha llevado a que alrededor de 800 casas edificadas en diversos municipios de la entidad se encuentren en el abandono.
El director de Coesvi, Carlos Borruel Baquera, dijo ayer sábado que las casas no están en posesión de esa dependencia sino que se está trabajando en una propuesta que se presentará al consejo directivo de pensiones para que este apruebe y se tomen las medidas necesarias para rescatar los fraccionamientos en cuestión, hacer las mejoras necesarias, vender las casas y recuperar con ello alrededor de 300 millones de pesos, con lo que se pagaría la deuda de 27 millones que Pensiones mantiene con la Coesvi.
“Las casas aún no están en posesión de la Coesvi, son de Pensiones. Ahorita, en coordinación con la consejería jurídica y la Secretaría de Hacienda estamos buscando un esquema para tratar de aminorar el quebranto patrimonial que se generó a partir de la construcción de esos fraccionamientos. Se busca un esquema financiero y operativo para que las casas se puedan entregar a Coesvi y nosotros venderlas. Pensiones nos adeuda 27 millones de pesos que hace 4 años se le prestaron para construir y, con el dinero que ingrese por la venta podrían pagarnos y además les sobraría recurso porque ese dinero finalmente es de Pensiones”, señaló.
Dijo que se estima que con una inversión de 5 millones de pesos se pueden hacer los trabajos de rehabilitación necesarios para que las casas abandonadas queden en óptimas condiciones para la venta –con un costo de 400 mil pesos cada una– y de esa forma recuperar el monto señalado.
“Estimamos que con 5 millones rehabilitaríamos 100 viviendas, se venden y con ese dinero se rehabilitan las demás. En la medida que hay flujo de venta podríamos ir cubriendo el gasto de que se genere para mejorar las restantes”, indicó.
En agosto de 2014, el entonces director de Pensiones Civiles del Estado –PCE– Marcelo González Tachiquín anunció que el proyecto de construcción de viviendas iniciaría 3 semanas más tarde en un predio ubicado a espaldas de la Facultad de Zootecnia. Se dijo que para octubre de ese año estarían construidas las primeras 100, de 400, casas ecológicas de 50 metros cuadrados en una superficie de 120 metros cuadrados. En dichas viviendas, se utilizarían bloques de tierra compactada (adobe), que contaban con las mismas propiedades de resistencia que los bloques de concreto pero adicionalmente con características térmicas y ecológicas.
Con la construcción de estas casas, los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado, podrían adquirir un crédito de vivienda y contar con un espacio digno para vivir.
En ese momento, se informó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) emitiría una certificación sobre el proyecto con base en sus características, generando así un subsidio para que el costo de las casas fuera menor para los trabajadores, de manera que, según González Tachiquín “un empleado de gobierno por tan sólo 450 pesos a la quincena y sin enganche, podrá acceder a una vivienda digna”.
Sin embargo, los fraccionamientos que se proyectaron en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, quedaron inconclusos y sólo unas cuantas casas se vendieron, ya que el costo de las mismas resultó demasiado alto para los trabajadores.
“En Chihuahua se empezaron a hacer 600 casas pero sólo se habitaron alrededor de 100. Las demás se quedaron abandonadas creo que por cuestiones financieras y el proyecto quedó detenido. Geográficamente el fraccionamiento de Chihuahua está muy bien, sólo se requiere un poco de inversión”, señaló Borruel Baquera y dijo que en materia de venta hay tres líneas de acción: una sería darle preferencia a empleados de la fiscalía, otra a empleados de gobierno en general y la tercera sería abrirla al público en general.
“tenemos que buscar esquemas financieros porque no es sencillo que los policías sean objeto de crédito pero, eso sería un segundo paso. Lo primero será la aprobación del Consejo de Pensiones”, dijo.
Pensiones Civiles del Estado tiene un quebranto de por lo menos 500 millones de pesos, debido a las deudas con los proveedores, pero al mismo tiempo mantiene en el abandono 800 viviendas que significan un activo aproximado de 320 millones de pesos.
A pesar de que en enero de 2017 Pensiones anunció la entrega de esas viviendas a Coesvi y que posteriormente, esa dependencia dio por hecho el traspaso de las casas, hasta el momento no ha ocurrido.
Cuestionados al respecto, trabajadores del Gobierno estatal, indicaron que “desde el principio el proyecto iba al fracaso porque las casas están muy caras, fuera del alcance de uno como empleado”.
A la par, cuestionaron la situación ya que mensualmente se les retiene una cantidad importante de sus percepciones salariales que desconocen a dónde van a parar.
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