'Corral utiliza justicia para política electoral'

Miguel Silva/
El Diario
2018-06-30

Chihuahua— La “Operación Justicia para Chihuahua”, orquestada por el gobierno de Javier Corral para castigar la corrupción del anterior gobierno ha perdido autenticidad porque la finalidad política se ha interpuesto por encima del Estado de Derecho, acusó el abogado y activista Jaime García Chávez, al calificarla de selectiva, ya que no se actúa en contra de quienes tomaron decisiones, sino contra aquéllos que siguieron órdenes.
El claro ejemplo de ello –enfatizó— es Jaime Herrera Corral, a quien no se le persigue por “acuerdos obscuros” que tiene con el Estado, en referencia a que se desempeñó como secretario de Hacienda en la administración pasada.
Jaime García recopiló información y conformó la demanda penal en contra del exgobernador César Duarte, así como Jaime Herrera y el finado Carlos Hermosillo, por el caso de Unión Progreso; una causa a la cual, en campaña se sumó Javier Corral, pero en cuanto asumió el poder, la dejó atrás y no la integró a su batalla legal contra la corrupción.
De hecho, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) le ha negado el acceso al expediente, debido a que el mandatario estatal pretende administrar la justicia, sin tomar en cuenta las causas sociales y así lo demostró al momento en que desertó de Unión Ciudadana, frente que constituyeron en 2015 para denunciar la corrupción del sexenio anterior.
García Chávez indicó que desde el inicio del gobierno de Javier Corral, se estableció una variedad de la justicia selectiva, una justicia que no es ciega, pero que ve a unos y con otros se hace de la vista gorda, “lo que Corral hace es atrapar puro renacuajo, pececillo, charal y los peces gordos están libres, ahí podemos ver a Russek Valles, a Hernández, a Trevizo Salazar, o a González Nicolás y otros tantos que ni han sido investigados”.
En ese sentido, enfatizó que Javier Corral hace lo mismo que le reclamó al presidente Enrique Peña Nieto en el caso Barreiro-Anaya, que fue el uso de la Procuraduría General de la República (PGR) con tintes electorales, y a nivel local, el gobernador utiliza a la Fiscalía como un aparato persecutor de gente de bajo nivel y de paso demuestra que cayó en una situación de desesperación ante un ocaso electoral que se avecina para Acción Nacional.
Con esto –agregó el activista y abogado— el Gobierno del Estado pretende aprovechar las últimas detenciones con una coyuntura política, y con ello generar el apoyo de la población hacia su partido, pero su administración de justicia carece de objetividad.
Jaime García Chávez pidió, en cambio, se siga un proceso transparente en contra de los recién detenidos, en el que se les pueda demostrar su responsabilidad en los hechos que se les acusa y paguen por el desfalco que cometieron, aunque con esto el Estado no se puede desatender del interés principal que es el exgobernador y todos aquéllos que tomaron decisiones en el desvío de recursos; “es necesario que se barra de arriba para abajo y no al revés como se ha hecho hasta ahora”.
El miércoles pasado, la FGE cumplimentó órdenes de aprehensión en contra del exsecretario general de la Sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz, el extitular de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Diógenes Bustamante Vela, así como la exdirectora de Administración de esa dependencia, Martha Patricia Banderas Barrera, acusados del presunto desvío de cinco millones de pesos en bonos para maestros y becas para hijos de docentes que nunca se otorgaron.
Ese mismo día, se arrestó a Edmundo Felipe González Lui, exasesor técnico de la Secretaría de Hacienda, señalado por supuesto desvío de 15 millones de pesos de recursos públicos. A excepción de Diógenes Bustamante por su edad (80 años), a los demás les dictaron prisión preventiva.
Mientras que el jueves se detuvo a María Guadalupe Medina Aragón, contadora del exmandatario César Duarte Jáquez y Érick Manuel Hernández Aguilar, exrepresentante de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda; a ella la acusan por el presunto desvío de 20 millones de pesos y a él de 2 millones 420 mil pesos. También fueron recluidos.

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