Orlando Chávez/
El Diario
La empresa farmacéutica Egro, que tuvo un contrato durante el 2017 con el Gobierno del Estado para surtir medicamentos hasta por 80 millones de pesos, inició una acción legal contra el gobierno estatal debido a que no le ha pagado facturas por 20.5 millones de pesos, los cuales corresponden a compras de 2016 y 2017.
El abogado de la empresa, José Miller, explicó que el lunes pasado se realizó la exigencia de pago con la presencia de un notario público, para que este día (miércoles) se pueda interponer la demanda.
Puntualizó que la compañía Egro está prácticamente quebrada, al grado de que los socios han tenido que colocar sus bienes personales como garantía con sus proveedores para tratar de no perder sus líneas de crédito.
A su vez, Antonio Eguía, uno de los socios de la empresa, indicó que Egro fue tildada como una farmacéutica que se benefició por un contrato asignado de manera directa para surtir medicamentos durante 10 meses; sin embargo, argumentó que la propia Secretaría de Salud les dio instrucciones para que no hicieran aclaraciones de su situación.
Por ello, agregó, optaron por no dar explicaciones, pero esto les afectó, ya que tuvieron que permitir que la Secretaría de la Función Pública los investigara, sin que encontrara irregularidades en la empresa que se constituyó en 2013 y que vendió medicamentos a la pasada administración sin problemas.
Antonio Eguía detalló que con la actual administración empezaron a trabajar desde el 2016, pero les quedaron pendientes de cobrar cuatro millones 614 mil 112 pesos, que le vendieron a Ichisal (Instituto Chihuahuense de Salud) y a Pensiones Civiles del Estado. Mientras que en 2017 se acumularon casi 16 millones de pesos, de los cuales alrededor de 13 millones corresponden precisamente al contrato de los 80 millones de pesos.
El empresario precisó que de ese contrato (de 80 millones), vendieron al Estado 53 millones, de los cuales sí les pagaron 40 millones de pesos. “Nos dejaron de pagar porque dejamos de serles útiles, ya que el contrato terminó en diciembre y nos debían pagar en los siguientes 20 días, es decir, en enero”.
Reiteró que a Egro se le calificó como una empresa favorecida por el Gobierno del Estado, lo que consideró falso y, en cambio, destacó, fue la única que respaldó a la administración estatal cuando nadie le quería vender.
Agregó que se le señaló como una compañía que vendió a precios más altos, lo cual descartó al exponer que los precios de sus productos están regulados y se apegaron a ello. “Estas explicaciones se supone que las darían las autoridades, lo que no pasó. Nos dejaron para que nos pegaran con una serie de imprecisiones”.
Ahora la situación de la farmacéutica es grave –apuntó— y ya han tenido que despedir a diez de sus empleados, solamente tienen a tres a cargo de la farmacia y otras operaciones. Además han vendido vehículos para tratar de mantener la operación, pero están cerca de perder sus bienes. “Le metimos todo a esta empresa y estamos buscando cómo salvarla”, aseguró..
Por ello, abundó el socio de Egro, desde enero han buscado un acercamiento con funcionarios para tratar de conseguir el pago, pero hasta el momento solamente tienen negativas o no son recibidos, por lo que recurrieron a la acción legal. “Pensamos que el Gobierno sería diferente, que querían salvar empleos y ahora diez personas ya los perdieron y estamos en la quiebra”, declaró.
Ayer se solicitó una postura al respecto, por parte de la Secretaría de Salud, la cual solamente respondió que este asunto compete a la Secretaría de Hacienda, que también fue consultada en este sentido y nada dio a conocer.