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El Diario de Juárez
Más que discursos, lo que se requiere son hechos por parte del Gobierno de Javier Corral Jurado, dijo el padre Oscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), al aseverar que en Chihuahua hay quejas y denuncias contra agentes del Ministerio Público y ministeriales pero no existen sentencias, ni se ha sancionado a los probables agresores.
Al conmemorarse ayer el Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas, el sacerdote refirió que recientemente la Fiscalía General del Estado dio a conocer la muerte de un reo a golpes que estaba bajo la responsabilidad del Ministerio Público y fue asesinado en las instalaciones oficiales.
“Y los agentes no han sido sancionados. Además, el agente del Ministerio Público Miguel Luna, quien participó en la tortura de Iván Figueroa y sus hermanos –absueltos del delito de extorsión– continúa laborando en la institución.
“En Juárez tenemos experiencias y está el caso del agente del Ministerio Público, Miguel Luna, quien es nombrado en forma reiterada en diversas carpetas de investigación por tortura y aparece en un video y a él simplemente lo cambian de lugar a pesar de que lo denunciamos ante la fiscal Erika Jasso”, plantea el activista social.
El CDHPN ha registrado desde el 2014 más de 100 casos donde el mecanismo de investigación de los agentes estatales fue a través de actos de tortura, física y sicológico.
El sacerdote destacó los datos que recién ofreció el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Castro Jiménez.
“La PGR tiene un rezago de 700 casos para realizar el Protocolo de Estambul a igual número de víctimas de tortura por falta de personal especializado”, dijo.
Ante este escenario el CDHPN exigió a los funcionarios públicos el cese de actos crueles e inhumanos contra ciudadanos, a los que acusan de determinados delitos.
También que no se deje impunes a los perpetradores de tortura, que los jueces enterados de tortura den vista a los ministerios públicos para que proceda a la investigación y denuncia al Estado como deudor de las garantías de las víctimas y exigen la reparación del daño.
Testimonio
Jesús Iván y Juan Antonio Figueroa Gómez se quedaron sin empleo y sin identidad oficial, por lo que al salir de la cárcel tuvieron que reiniciar la vida que les interrumpieron dos años y cinco meses que estuvieron en prisión, recordó Iván ayer durante la conferencia de prensa.
Hasta ayer el Estado no había reparado el daño causado a los tres hermanos que fueron absueltos por un Tribunal de Enjuiciamiento, después de pasar largos meses presos.
Con el estigma de haber sido exhibidos públicamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) como una banda de extorsionadores que supuestamente cobraba “la cuota” a más de 30 negocios y obtenían un millón de pesos por semana, empezaron a reconstruir su vida junto a su hermano Luis Adrián, entonces de 14 años.
Fue el 18 de enero de 2012 cuando comenzó el viacrucis de los hermanos Figueroa e Iván narra que fueron detenidos ilegalmente y al principio creyó que se trataba de sicarios. Sin embargo eran agentes ministeriales del Grupo Antiextorsión, quienes siguen laborando, aseveró Iván.
Juan Antonio fue el primero en ser detenido a dos cuadras de su casa, cuando se dirigía a llamar por teléfono. Los agentes que lo aprehendieron lo subieron a una camioneta tipo van, donde lo empezaron a golpear, lo insultaban y lo cuestionaban por una persona.
“Le cubrieron los ojos y le pusieron una bolsa en la cara, diciéndole que confesara, al tiempo que le pegaban en las costillas; también le aseguraban que lo matarían”, describe la sentencia.