Jaime Armendáriz /
El Diario
Chihuahua— El gobernador Javier Corral detuvo y regresó al Congreso del Estado un decreto que establecía la donación a instituciones públicas y privadas de bienes o productos decomisados, asegurados, o abandonados, por hechos delincuenciales, con el argumento de que ya existe un procedimiento a seguir con ese tipo de bienes, administrados por una de las áreas de la Fiscalía General.
El decreto aprobado ya por los diputados especifica que los bienes muebles o inmuebles deben ser administrados por fiscales de distrito en unidades administrativas específicas por cada zona de la entidad, sin embargo el mandatario dijo que con esa medida se dejarían de lado los fiscales especializados en los que se divide la dependencia estatal.
Inclusive Corral habla de que el esquema avalado por Congreso generaría confusión cuando haya bienes inmuebles que se encuentren en dos o más zonas de las fiscalías de distrito, y se caería en una controversia para saber a cuál fiscalía le corresponde la administración, supervisión y destino de lo asegurado.
Asimismo parte de las observaciones del titular del Poder Ejecutivo hechas a las reformas a la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, hablan de una inviabilidad de que lo captado con la venta de bienes asegurados o que causen abandono se destinen al Fondo Estatal para la Prevención, Combate, Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas.
Los diputados vieron aceptable que ese fuera el destino, sin embargo Corral dijo que ese fondo ya tiene su propia conformación. Las observaciones las hizo el mandatario desde el 13 de junio mediante un documento entregado en Oficialía de Partes, turnado a la comisión de Justicia sin ser dictaminada.