Jaime Armendáriz
El Diario
Chihuahua— El gobernador Javier Corral mandó al Congreso local una serie de cambios a su propuesta de ley para regular la Publicidad Oficial, que elimina la redacción en la que condiciona a medios a evitar publicaciones o información que se considere propaganda del crimen organizado.
El documento oficial fue recibido ayer en la tarde en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, y signado por el mandatario, así como el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, y el titular de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo.
Los cambios se hicieron a consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y el colectivo #MediosLibres, integrado por decenas de medios y periodistas a nivel nacional, como Artículo 19 y Fundar. Una de las coincidencias en contra de la primera propuesta de Corral, enviada el 31 de mayo pasado al Congreso, y ya en comisiones, era que la redacción de dos de sus artículos podría condicionar la línea editorial de medios de comunicación.
Se trata de los artículos 25 y 26, en los que se pide a las autoridades evitar la contratación de publicidad oficial en medios que “vulneren los derechos humanos de las personas relacionadas con un hecho noticioso, tales como víctimas o presuntos responsables de accidentes viales, homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad, delitos sexuales u otro similar”. También aquellos en los que “se difunda propaganda del crimen organizado o de grupos terroristas, incluyendo mensajes en imágenes de mantas, cartulinas, grafiti, fotografías, videos o semejantes”.
En la ampliación de propuesta, Corral plantea eliminar ambos artículos y explica que el motivo de haberlos incluido corresponde a una disposición de carácter ético de los medios, “que les permitan consignar hechos con valor periodístico y a la vez limitar los efectos estrictamente propagandísticos...”.
Añade que ante los criterios que consideran esa redacción como una forma en que los entes públicos ejerzan presión sobre líneas editoriales de medios, se tomó la decisión de retirarlos, “confiando en que los medios de comunicación sean congruentes con la responsabilidad de actuar con profesionalismo y promuevan el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana”, y “eviten convertirse en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado”.
Otro de los cambios solicitados por el mandatario es que los funcionarios sí puedan ser sancionados por mensajes en redes sociales, teniendo en cuenta que puede darse el supuesto de que se utilicen recursos públicos para su promoción.
También busca establecer una excepción para concesiones de uso social a varios requisitos para ser parte del Padrón Estatal de Medios, establecido en la primera redacción de propuesta de ley para regular la publicidad oficial.
La propuesta de ley establece que la contratación de publicidad oficial sólo se realizará en medios que estén registrados en ese padrón, tengan un código de ética que incluya estándares de las Naciones Unidas, así como un defensor del lector o defensor de las audiencias, además de poseer mecanismos para garantizar el derecho de réplica.
Asimismo, se incluirá –según la iniciativa del mandatario– a quienes usen al menos el 20 por ciento de los ingresos por publicidad oficial en capacitación y profesionalización de su personal, garantizar la seguridad social y las prestaciones mínimas de ley a sus trabajadores.
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