Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez
Las investigaciones por tortura que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) avanzan lentamente ante la falta de personal, ya que sólo cuentan con un médico y un sicólogo certificados que pueden hacer el Protocolo de Estambul, dijo el visitador Adolfo Castro Jiménez.
El funcionario explicó que el recorte del presupuesto anual y el aumento de denuncias por parte de los ciudadanos provoca que sea lento el proceso de investigación en este tipo de casos.
Pero el problema no sólo es de la CEDH, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un rezago de 700 casos, ocasionado también por la falta de especialistas, agregó el derechohumanista.
Ayer se buscó una entrevista con el delegado de la PGR, Julio César Ulises Chávez Ramos, sin embargo, no fue atendida la solicitud de información enviada vía correo electrónico.
El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dijo si bien existe una serie de expedientes por posibles delitos de tortura contra elementos de la Agencia Estatal de Investigación y el Ministerio Púbico, la mayoría derivan de vistas que dan los jueces por manifestaciones de los detenidos o de la defensa.
“El común denominador es que solo se sustentan en la declaración de los detenidos. Los protocolos de Estambul oficiales suelen salir sin evidencia y otros que concluyen en la “posible” existencia de tortura son realizados por peritos no certificados. Son contados los casos en los que pudieran existir indicio”, dijo el abogado.
Actualmente la FGE es la institución que cuenta con el mayor número de recomendaciones emitidas en la presente década y en un alto porcentaje son por actos de tortura.
Ante este hecho, a decir del fiscal Peniche, hay que tomar en consideración que la FGE agrupa procuración de justicia, seguridad pública, transito, reclusorios, atención a víctimas y que laboran 8 mil empleados en la institución.
”Eso explica por qué somos una dependencia susceptible a la emisión de quejas ciudadanas. No solo por la materia sino por el volumen de trámites y de temas que se manejan”, dijo. Tortura, delito difícil de probar.
“Los médicos certificados en el Protocolo de Estambul, guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una probable víctima de tortura o algún mal trato por parte de servidores públicos, son los únicos que pueden acreditar la comisión del delito”, precisó el visitador de la CEDH.
“Es muy complejo demostrar la tortura. En el caso de la tortura psicológica también se requiere de un psicólogo especializado porque si el manual no se cumple al 100 por ciento no procede y los jueces no lo toman en cuenta”, destacó Castro Jiménez.
Acreditar la tortura lleva tiempo y requiere de personal capacitado, por ello la CEDH cuenta con esos dos especialistas en el área, pero se requieren mucho más expertos, abundó.
“Este es un dato real, ¿saben cuántas esperas hay en la PGR para elaborar el Protocolo de Estambul? Son 700, en espera. Mientras que la Comisión Estatal en el estado de Nuevo León tiene un departamento médico y psicológico nada más para eso, pero ellos sí tienen presupuesto; a la CEDH el Congreso del Estado lo ha ido recortando”, planteó.
¿Cuartos de tortura?
Entre las resoluciones emitidas por la CEDH, las víctimas de tortura señalan que los agentes municipales y luego ministeriales los someten a actos de tortura para que se incumplen de determinados delitos.
Los quejosos refieren que en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) los introducen a cuartos donde les queman sus partes íntimas con “toques” eléctricos, los asfixian con bolsas de plástico y los ahogan al introducirlos a recipientes con agua, luego de golpearlos.
Tras aclarar que la CEDH no ha emitido una recomendación por actos de tortura cometidos en lo que va de la presente administración, el fiscal general dijo que
no se tiene evidencia que en las unidades de investigación exista la práctica de la tortura.
“Hemos trabajado mucho con policías y el personal reiterando que la tortura resulta inadmisible. En cambio, la mayor parte de los asuntos se han resuelto sin necesidad de la confesión y se sustentan en prueba científica”, aseguró.
Incluso, dijo que Chihuahua ha sido señalada por organizaciones como un estado en donde existe mayor fortaleza probatoria.
“No hay cuartos de tortura ni espacios de interrogación donde se practique tortura o vejación alguna”, afirmó.