Falla Fiscalía en derechos humanos

Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
2018-06-13

La Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló 169 recomendaciones durante la presente década, por lo que es la institución pública que registra el mayor número de resoluciones, según los datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Aunque estas recomendaciones no son de carácter vinculante, es decir que no imponen una obligación efectiva a quienes están sujetos a la resolución, un mínimo porcentaje fueron rechazadas por la FGE al considerarlas improcedentes, establecen los reportes anuales.
El número de resoluciones no implica el total de denuncias recibidas, ya que sólo son aquellas en que, tras una investigación, se acreditó la violación a los derechos humanos de las víctimas, explicó el primer visitador Adolfo Castro Jiménez.
Sólo en este año la FGE en el Distrito Norte ha recibido 50 quejas, aseguró.
Ayer el fiscal general César Augusto Peniche Espejel consideró que la CEDH realiza diligencias para tratar de investigar la posible existencia de tortura, pero no las realiza con el rigor que se exige en materia penal.
“Por ello las recomendaciones se atienden para investigar”, precisó el abogado.
Agregó que la totalidad de las recomendaciones emitidas por la CEDH en el año 2017, corresponden a hechos ocurridos antes de 2015.
“No hay ninguna recomendación por hechos ocurridos en esta administración estatal”, aseguró.
Respecto al total de quejas recibidas, Castro Jiménez destacó que un alto porcentaje son falsas, al ser empleadas por la defensa legal del ciudadano como herramienta para desacreditar la intervención de las corporaciones policiacas.
El fiscal coincidió con el visitador, al referir que los abogados defensores suelen usar esta estrategia, de denunciar tortura para agotar el término de la prisión preventiva o para que se califique de ilegal la detención.
“Es una mala práctica porque constituye una defensa en hechos falsos”, aseveró.
Denuncias al alza
En una revisión realizada a las recomendaciones que la CEDH ha emitido desde el 2008 al año en curso, se observó que los argumentos de las víctimas cambiaron radicalmente a partir del 2009, cuando la violencia empezó a recrudecerse, principalmente en esta frontera.
Por ejemplo, en la última recomendación emitida en el 2008 la víctima expuso hechos del 2007, cuando aún no entraba en vigor el sistema de justicia penal.
La recomendación 35/08 del expediente HP/JC/24/07 con el número de oficio JC/160/08 fue dirigida a la entonces procuradora de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez.
El quejoso manifestaba probable abuso de autoridad y amenazas que no fueron investigados por el Ministerio Público, por lo que la recomendación era se integrara y resolviera la averiguación previa CAI-88/07, lo que fue aceptado.
Casi 10 años después, la CEDH recibió la recomendación 31/2018 que hizo del conocimiento la defensoría pública federal en Ciudad Juárez, al asistir legalmente a dos hombres vinculados a proceso relacionados con drogas y armas, quienes se quejaron de que agentes encapuchados de la Policía Municipal los detuvieron ilegalmente y durante 10 horas los torturaron a fin de aceptaran los cargos que les imputaban.
En ese lapso no fueron puestos a disposición de las autoridades federales.
“Analizados los hechos y las indagatorias practicadas, hay evidencias suficientes para acreditar la violación al Derecho a la Seguridad Jurídica, por no haberse establecido correctamente el lugar de detención y el Derecho a la Integridad y Seguridad Personal mediante actos de tortura”, resolvió el visitador.

Se agravan motivos de quejas
El contenido de las quejas de los ciudadanos ya no es abuso de autoridad como gritos, maltratos u omisión de los servidores públicos, sino la tortura como mecanismo de investigación, explicó Castro Jiménez.
“En México, no sólo Juárez o el estado de Chihuahua, sigue prevaleciendo la tortura. Tenemos un problema muy serio y no hemos logrado erradicar esta práctica de las instituciones, a pesar que desde el 2015 fue creada la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y que prevé hasta 30 años de prisión contra los responsables”, abundó.
Esta ley refiere que comete el delito de tortura aquel el servidor público que, para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.
La pena prevista es de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo, al servidor público que incurra en este delito y aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima de tortura sea menor de edad.
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