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En video: Sentencia arreglada

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El Diario de Juárez | Viernes 08 Junio 2018 | 00:01:00 hrs

El 20 de octubre de 2017 Javier Garfio Pacheco se convertía en el primer duartista juzgado y declarado culpable por un supuesto millonario peculado en contra de las arcas chihuahuenses.

El juicio, festejado por el gobierno de Javier Corral Jurado, ocultaba en realidad el uso de testigos protegidos, acusaciones sin sustento y suposiciones tomadas como pruebas válidas, para inculpar a su enemigo número uno: el exgobernador César Duarte Jáquez.

El video de la audiencia celebrada ese día muestra que tres testigos –Garfio entre ellos–, aceptan su responsabilidad en el desfalco a las arcas estatales de más de 328 millones de pesos por la venta de Labor de Terrazas.

Sin embargo, coinciden todos en que el cerebro detrás de la operación fue Duarte Jáquez, quien recibiría el supuesto beneficio económico del fraude.

No ofrece la parte acusadora al juez Alejandro Legarda Carreón, una sola prueba de los dichos.

Bastó con decir que era Duarte el culpable para que Garfio lograra, un par de días después su libertad.

A la fecha no ha reparado el daño, aunque de acuerdo con Corral, esa era la finalidad máxima de la operación Justicia para Chihuahua.

EL TEATRO DE LA JUSTICIA

El juicio contra Javier Garfio Pacheco por peculado en contra de las finanzas de Chihua-hua exhibe cómo el Gobierno del Estado ha utilizado la justicia, descansando en testigos protegidos y arreglos extrajudiciales, para sembrar acusaciones en contra de personajes cercanos al exgobernador César Duarte.

El video de la audiencia de Garfio, celebrada el 20 de octubre de 2017, muestra que la Fiscalía General del Estado basó la carpeta de investigación en el dicho de testigos de identidad reservada y que bastó con que el imputado señalara como artífice del delito a Duarte para salir de la cárcel con una sanción mínima.

Es notorio en las imágenes que el juez, la agente del Ministerio Público y los abogados de ambas partes, la víctima y el imputado, traían por escrito la representación de su papel jurídico y se limitaron a leer.

De acuerdo con el video, que llegó de manera anónima a la redacción de El Diario, en casi cinco horas –de las 10 de la mañana a poco antes de las 3 de la tarde–, tanto la parte acusadora como el juez decidieron que lo cometido por Garfio ameritaba penas mínimas (tres años de inhabilitación y una multa de 425 mil pesos).

Preso en marzo de 2017 por una investigación iniciada en diciembre de 2016, Garfio tuvo episodios de depresión y malas condiciones de salud; buscó incluso ampararse en dos ocasiones contra su aprehensión. La libertad le llegó por la vía de la negociación ‘entregando’ a su protector y padrino, el exgobernador Duarte.

Siete meses después de la reclusión, ya acordado un procedimiento breve, el exfuncionario y exalcalde de Chihuahua aceptó su culpabilidad. Declaró que únicamente había seguido las órdenes de Duarte para la venta irregular de un terreno con el que, según lo acordado, se beneficiaría el exgobernador.

Ese juicio fue evidentemente operado por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal que ocupaba, en ese momento, el abogado Maclovio Murillo. Por un lado apareció Pedro Oliva, su segundo en la dependencia, como asesor jurídico de la parte acusadora y asistente del Ministerio Público.

Por el otro, Carlos Emmanuel Aguirre, socio de Murillo en un despacho de la Ciudad de México, apareció como abogado del imputado, Javier Garfio Pacheco. Esto significa que manejaron las dos partes del juicio.

Ambos abogados se mantienen atrás de los dos bandos que asesoran, en franca observación del proceso, sin hacer uso de la palabra, como si fueran halcones jurídicos.

Atrás de Garfio, su esposa Aydé Armendáriz; Santiago de la Peña, exsecretario del Ayuntamiento; Gilberto Baeza, extitular de Pensiones municipales, y Refugio Ochoa, exjefe de Comunicación durante la administración de Garfio (2013-2015).

En la parte culminante del proceso, la agente del MP –una abogada jovencita, Edna Edith Alvídrez, que representa a la Fiscalía–, con la voz clara, fuerte, pero excesivamente lenta, pide al juez desalojar la sala de extraños y cortar el audio a los de prensa, que se hallan en otra área, conectados por una bocina.

La razón, dice, es proteger a tres personas que rindieron testimonio y cuya vida podría estar en peligro. Iniciaría el teatro.

Sin pruebas periciales más allá de los dichos y las actas de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi), la FGE determinó que la falta de Garfio no ameritaba más de tres años de prisión. Ello a pesar de que el desfalco es de 328 millones 689 mil 665 pesos, según la causa penal 727/2017.

Lleva la audiencia el juez de Control Alejandro Legarda Carreón, el mismo que en diversas ocasiones se ha negado a entregar otro asunto de la “Operación Justicia para Chihuahua”, los casos de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a la Federación, a pesar de la orden de un juez federal.

Ellos no aceptaron negociaciones con la Fiscalía y se mantienen sujetos a vinculaciones tras vinculaciones a procesos y más procesos por las más variadas acusaciones de corrupción.

En los primeros minutos de la audiencia, el juez Legarda Carreón declaró que entre las partes había ya un acuerdo para evitar el juicio oral, en un procedimiento abreviado. Tras minutos de presentaciones y exposiciones de argumentos, Garfio declara que, en efecto, ha llegado a un arreglo con el Gobierno del Estado.

–Sí, señor–, responde el acusado.

Es aquí cuando aparece Aguirre y se acredita como defensor de Garfio; también Pedro Oliva, como representante de la parte ‘ofendida’, Coesvi. Su cargo es de director la Consejería Jurídica. Mentira, ya se había acreditado Matías Enrique Charles como tal.

Declara en monosílabos

A lo largo de la audiencia, Garfio (a quien el juez se refiere siempre como diputado) declarará poco más, siempre con monosílabos y platicando con sus abogados las respuestas previamente pactadas. Se aprecia el semblante serio y el adelgazamiento del otrora funcionario duartista. Canoso. ¿La traición?

Lo que no lograron siete meses de prisión se aprecia en el minuto 10 de la audiencia, cuando Garfio Pacheco acepta su responsabilidad. De ahí, el resto de la audiencia recae casi en su totalidad en Edna Edith Alvídrez, la agente del Ministerio Público que lee la carpeta de investigación al juez.

Primero, corresponde calcular el monto del fraude y, de ahí, la sanción económica. El peculado del que se acusa a Garfio es por la venta de los terrenos conocidos como Labor de Terrazas, ubicados en la capital del estado.

La acusación es que Garfio, como vocal de la Junta de Gobierno de la Coesvi, permitió la venta ilegal de esos terrenos en 2012 a Grupo Industrial y Constructor, del empresario Benito Tagle. El meollo del asunto, y en torno a lo que gira la mayor parte de la audiencia, es que de esa venta, por debajo del precio de compra, se benefició directamente César Duarte.

Aunque de ello la FGE no ofrece al juez una sola prueba pericial más allá de los dichos de testigos protegidos y exfuncionarios ahora encarcelados.

A lo largo de las grabaciones revisadas por El Diario no hay una sola prueba sobre el rastreo del dinero, llamadas, encuentros... únicamente se sostienen las declaraciones y los avalúos de los 16 predios de Labor de Terrazas.

Hacia la segunda hora de la audiencia, la MP señala que muchos directores fueron nombrados de manera directa por el exgobernador para cumplir instrucciones fuera de la ley.

“Durante esta declaración nos especifica rutas que seguía el dinero del erario público… se destaca fundamentalmente… la mecánica en el que exgobernador daba instrucciones para que se realizaran desvíos y distracciones del erario público, ello para beneficio propio y personal cercano al exgobernador”, señala la fiscal. Se refiere a la declaración de Garfio.

Todo por terrenos

El modus operandi descrito es que los terrenos en cuestión se vendieron a un precio (valor de referencia) mucho menor de los que tenían catastralmente y que, además, se cambió su sentido, pues estaban contemplados –y habían sido cedidos a la Coesvi– para construir casas de interés social, para posteriormente construir viviendas de gama residencial a beneficio de la empresa y de Duarte.

Posteriormente, declaraciones de Federico Lafón González, director de planeación del entonces Instituto de Vivienda (antecedente de Coesvi), forman buena parte del expediente. El exfuncionario únicamente indicó que se realizaban reuniones donde era la Junta de Gobierno el máximo órgano.

Ahí, refirió Lafón, se acordó la venta de Labor de Terrazas a Tagle y que personas cercanas al exmandatario –sin especificar quiénes–, indicaron que había un interés personal en la operación para beneficio propio.

La declaración de un testigo protegido es suficiente para determinar que el dinero fue a parar al exmandatario, sin más. Previo a la lectura de la declaración, se solicita al juez que los presentes abandonen la sala, lo que es concedido por Legarda.

“Declara que fue funcionario de alto nivel en el Gobierno del Estado dentro de la administración del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y conoció existencia y operación de estructura de personas… que a través de diversas acciones obtenían ilegalmente dinero de las arcas del Estado.

“El Estado contó con riqueza extraordinaria en recursos inmobiliarios de infraestructura… que fueron tendientes al aprovechamiento al margen de lo legal”, apunta el testigo 1dr15015-2017, según la carpeta de investigación leída en la audiencia, entonces ya privada.

El testigo es Mario Trevizo Salazar, exsecretario general de Gobierno y actualmente sin proceso penal en su contra. Esa declaración y la de otro testigo más son los eslabones más fuertes de la cadena contra Garfio y, sobre todo, contra Duarte.

Trevizo detalló las reuniones de la Junta de Gobierno de Coesvi y la presencia de los entonces duartistas.

“Consultó con el gobernador si existiría problema por proceder a la traslación de dominio de los terrenos de Labor de Terrazas, ya que el fin del decreto era la edificación de viviendas… y agrega el hecho de que le dijera el propio gobernador que tenía un interés particular en el proyecto de ese lugar”, contó Trevizo.

“La mecánica en la que el exgobernador daba instrucciones para que se realizaran desvíos y distracciones del erario público, ello para beneficio propio y personal cercano al exgobernador”, indicó el exdiputado, exdirigente estatal del PRI y todavía maestro de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

De acuerdo con él, Duarte pidió que “le dieran agilidad al tema”, de la venta de los predios.

Regresan entonces los asistentes a la audiencia y aparecen dos personajes más, uno de ellos es Carlos Emmanuel Aguirre

“Integrándome en la defensa de Alfonso Garfio”, justifica Aguirre cuando el juez le pregunta acerca de su presencia del lado de los abogados del exalcalde de Chihuahua.

Aguirre es socio de Maclovio Murillo, entonces exconsejero jurídico del Estado y quien encabezó junto a la FGE la Operación Justicia para Chihuahua.

Aparece luego la declaración de Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Duarte y actualmente preso.

“Yáñez indicó que por instrucciones del gobernador había que autorizar la venta de los terrenos Labor de Terrazas, ya que el gobernador tenía interés de que se vendieran a una empresa en específico, tenía interés en hacer negocio con el representante legal de esa empresa y sería beneficiado en lo particular, por lo que indica el declarante le preguntó a Duarte si no había problema con la autorización de la venta y la firma de la minuta, a lo que respondió que no”, indicó la MP en la audiencia.

“Que sus instrucciones no se cuestionaban, se cumplían; que siguiera las instrucciones”, añadió.

Durante la narración de episodios de esta naturaleza, en que participaron duartistas al margen de la ley, Garfio repitió el gesto de taparse la cara con una mano, a la altura de la sien.

Pasan las horas, suman las declaraciones de más exfuncionarios que no logran añadir más datos a los que se conocen: la venta a un precio inferior de Labor de Terrazas para beneficio personal del exgobernador; que los participantes siguieron órdenes y que, en su momento, señalaron a Duarte la ilegalidad de la millonaria operación.

Poco antes del final del video, Garfio dice que, según la MP, en última instancia a él solamente le entregaron la minuta del 12 de septiembre de 2012 que permitió la venta y que, tras haber recibido instrucciones, procedió a firmar.

“Refiere que Yáñez le entregó la minuta”, especifica en la audiencia la MP.

Garfio se limita a permanecer inmóvil, impasible, solamente escuchando las recreaciones de los eventos realizados en el primer trieno de Duarte.

Aunque de acuerdo con el Código Penal del Estado el delito de peculado alcanza una pena máxima de 12 años de prisión, para Garfio el acuerdo se impuso en solamente 3 años, lo que se permite en un procedimiento abreviado.

Hacia el final de la audiencia, Garfio reitera que es culpable de haber firmado, como vocal, la venta de Labor de Terrazas. Acepta por ello su condena.

El juez dice que será un par de días después (el domingo 22 de octubre) cuando se celebre otra audiencia para leer al acusado la sentencia.

Tratándose del primer funcionario de la era Duarte que fue juzgado, la FGE apuntó que su condena era un logro para la Operación Justicia para Chihuahua.

“Garfio Pacheco es el primer colaborador de la administración del exgobernador César Duarte Jáquez que es encontrado culpable de disponer de los recursos del erario público de los chihuahuenses. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de hacer frente al combate a la corrupción para llevar ante la justicia a quienes participaron en el mayor desfalco y latrocinio en la historia de Chihuahua, que dejaron las arcas de la administración pública en banca rota”, indicó la FGE en un comunicado.

A pesar del anuncio, la realidad es distinta. Al día de hoy, Garfio Pacheco vive en libertad condicional, tras pagar la multa, aunque no ha pagado un solo peso de la “reparación del daño”. “Garfio no dispuso de dinero, sino que participó en la venta ilegal de unos terrenos con los cuales el Gobierno garantizó la reparación del daño”, dijo el vocero de la FGE, Carlos Huerta, sobre si Garfio había pagado algo de la sentencia emitida por el juez.

NOTA: URL para ver el video completo https://vimeo.com/274001479 

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