Sandra Rodríguez Nieto/
El Diario
La Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación del Ministerio Público prevé citar al comisionado estatal de Seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, para que responda a una denuncia penal por ordenar a los agentes asignados a Ignacio Zaragoza que se resguardaran durante el ataque de un grupo armado.
De acuerdo con Erika Jasso, titular de la citada fiscalía, la comparecencia de Aparicio Avendaño será posterior a las que también se considera llamar a los agentes estatales destacamentados ese día –6 de mayo– en el municipio.
Tenemos que cuidar a nuestros policías: comisionado
Jasso agregó que la carpeta de investigación se sigue con el número 37-2018-18359, y es posterior a la denuncia presentada ante la Fiscalía Zona Norte por dos abogados locales contra Aparicio Avendaño, al cual los particulares acusan de abandonar su responsabilidad de proveer seguridad en el municipio de Ignacio Zaragoza.
De acuerdo con Jasso, en la investigación se prevé anexar una copia de la indagatoria abierta por los ocho asesinatos registrados en el municipio, entre los cuales está el de Liliana García, candidata a regidora del PRD.
La denuncia contra el Comisionado Estatal de Seguridad fue presentada el 18 de mayo por los abogados Ramón Domínguez Perea –exjefe policiaco local– y Javier Sánchez, luego de que Aparicio dijera en entrevista que dio la orden a 15 agentes de resguardarse ante el desplazamiento ilegal de un grupo de 150 personas armadas.
“Teníamos 15 elementos. Lo que indicamos fue que no salieran hasta que tuvieran el apoyo con ellos, una vez que llegó el apoyo de la base más cercana salieron a apoyar (sic) a la ciudadanía. La verdad es que sí, efectivamente, fue una instrucción superior que se giró de que no vinieran… si no, hubiéramos tenido muertes de policías también”, dijo el comisionado. “Tenemos que cuidar a nuestros policías, no voy a mandar a 15 policías que son los que tenemos en la base a enfrentar a 150 personas armadas, con vehículos blindados, con armas de grueso calibre y nosotros ni siquiera con esas herramientas”, agregó Aparicio.
De acuerdo con Perea, por esos hechos se configura el delito de abandono del deber público, tipificado en el artículo 214 del capítulo 2, relativo al ejercicio indebido de servicio público, del Código Penal Federal (CPF). (Sandra Rodríguez / El Diario)
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