Itzel Ramírez
El Diario de Juárez
Por sexta ocasión, el Gobierno del Estado de Chihuahua interpuso un obstáculo para frenar el traslado a un penal federal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, acusados de cometer peculado en perjuicio de las arcas estatales por 250 millones de pesos.
Ayer por la tarde, la Consejería Jurídica de Chihuahua presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revocación contra el acuerdo del órgano jurisdiccional que consideró improcedente la solicitud para reconocer a la entidad como víctima, lo que permitiría que el caso permaneciera en el orden local, al igual que los sujetos a proceso.
Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del Estado de Chihuahua, aseguró que el recurso busca que la SCJN entre al estudio de la petición para con ello evitar que el juicio sea atraído por la justicia federal, como lo ordenó una resolución del Décimo Tribunal Colegiado.
“Presentamos hoy (ayer) un recurso de revocación contra el acuerdo de la Corte para que acepte entrar al estudio del fondo del asunto y se nos reconozca al Estado de Chihuahua como víctima y con ese elemento. Lo que estamos buscando es un recurso que en derechos humanos se llama eficaz”, dijo Espinoza.
El consejero jurídico advirtió que si el máximo tribunal del estado niega de nueva cuenta el recurso, como lo hizo el miércoles pasado, las autoridades locales acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el juicio quede en el fuero local.
“Si la Corte determina que es procedente el traslado, vamos a acudir a organismos internacionales para que se le reconozca la calidad de víctima a la entidad”, mencionó en entrevista.
El abogado informó que es el martes de la próxima semana el día que vence el plazo de tres días que impuso la SCJN para que el Estado informe si cumplió con la resolución.
“Pero nosotros no lo vamos a trasladar, las cosas se quedan como están y será el juez del Estado de Chihuahua el que deba informar a la Corte del cumplimiento de esa orden que ya fue debidamente recurrida”, manifestó.
Además, dijo que la determinación del Consejo de la Judicatura Federal de trasladar a Chiapas al juez Gerardo Moreno García –que ordenó el traslado de Gutiérrez, Villegas y Tarín a un penal federal–, puede verse como una decisión que de alguna manera sanciona al juez y que, a partir de esa remoción, el Gobierno estatal esperará que haya una determinación diferente en el caso.