Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
Los abogados Ramón Domínguez Perea y Javier Sánchez Sánchez denunciaron al comisionado de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, por abandonar a los ciudadanos del municipio de Ignacio Zaragoza cuando integrantes de un comando armado atacó a civiles y negocios.
Por estos hechos se configura el delito de abandono del deber público contemplado en el artículo 214 del capítulo 2, relativo al ejercicio indebido de servicio público, del Código Penal Federal.
En la fracción 6 refiere que “comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
La incursión violenta del grupo armado dejó un saldo de ocho muertos, lesionados y pérdidas económicas cuantiosas, sin que la Policía estatal interviniera por instrucciones del propio comisionado, según él mismo declaró a El Diario.
“Estos son hechos que no deben quedar impunes. Mi interés es solamente que el Estado siga de cerca esta carpeta de investigación y que se repare el daño a las víctimas por el abandono en el que los dejaron los responsables de la seguridad”, aseveró Domínguez Perea.
“La impunidad es lo que nos dio al traste como sociedad y nos mantiene así, por eso pedimos que se individualice a los 15 policías también y se incluyan en la investigación”, reiteró el también exjefe policiaco.
La representación social ayer mismo dio entrada a la denuncia y abrió la carpeta de investigación a través de la Unidad de Investigación de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas, la Fe Pública y Adecuado Desarrollo de Justicia, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El Código Penal Federal establece cárcel de dos a siete años, una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario, vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
El Diario buscó ayer la versión del comisionado Aparicio Avendaño, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondía a la solicitud de entrevista.