Salud Ochoa/
El Diario
Chihuahua— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –Profepa– no ha verificado el rancho de la familia LeBaron debido a que la Fiscalía aún no levantaba evidencias de los daños ocasionados por los barzonistas el pasado 30 de abril.
La Profepa acudió el martes al rancho La Mojina, propiedad de la familia LeBaron ubicada en el municipio de Buenaventura y que ha sido objeto de enfrentamientos por el agua, para llevar a cabo una verificación respecto a posibles daños ambientales en el lugar, sin embargo, no ingresaron al predio.
Así lo informó Gisela Sánchez, representante legal de la familia LeBaron, quien indicó que la Profepa no hizo señalamiento alguno, únicamente se dejaron notificaciones para una visita posterior.
La verificación de Procuraduría se deriva de las denuncias interpuestas por Barzonistas en contra de Joel LeBaron por presuntos daños al medio ambiente al sobreexplotar el acuífero, hacer uso de pozos aparentemente ilegales y cambios de uso de suelo sin autorización previa, según lo han señalado miembros de dicha organización.
El pasado 30 de abril alrededor de 500 barzonistas ingresaron al predio ubicado a un costado de la carretera Sueco-Flores Magón a la altura del kilómetro 41, y ocasionaron daños en huertas nogaleras, maquinaria, infraestructura de riego y vehículos generando pérdidas materiales que ascienden a más de 1 millón de dólares según lo ha declarado Julián LeBaron.
El noroeste del Estado, donde se ubica el ejido Constitución a 197.7 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, ha sido un referente en materia de conflictos por el agua, ya que si bien es cierto en otros puntos del estado la inconformidad persiste, es allá donde se han dado las protestas mayores y también homicidios relacionados con el tema.
En dicho ejido viven alrededor de 900 familias que suman una población aproximada de 5 mil habitantes y en el lugar existen 74 pozos concesionados a la Asociación civil Módulo # 13 quien tiene el derecho de extracción de agua del subsuelo desde 1950.
Sin embargo, la apertura de nuevos pozos ha ocasionado – a decir de los ciudadanos de esa región- la explotación excesiva de la Cuenca del Carmen formada por los acuíferos Flores Magón-Ahumada y Santa Clara ubicados en los municipios de Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada.
Según datos de la Comisión nacional del Agua, el acuífero Flores Magón está vedado desde 1955 por un decreto presidencial emitido el 8 de noviembre de ese año. La veda es indefinida a partir de esa fecha y abarca toda la cuenca tributaria, es decir todos los afluentes que van a dar a los ríos san Lorenzo y del Carmen.
Datos de la dependencia indican que el acuífero Santa Clara tiene una recarga anual de 59.4 millones de metros cúbicos y una carga comprometida por la presa Las Lajas por 35.8 millones de metros cúbicos, por lo que tiene concesionada 34.19 millones de metros cúbicos teniendo una disponibilidad de -10.59 millones de metros cúbicos.
Por su parte, el acuífero Flores Magón-Ahumada -zona del conflicto- tiene una recarga de 137 mil millones de metros cúbicos y tiene concesionado 251.16 mil millones de metros cúbicos. Hay una sobre concesión de -113.60 mil millones de metros cúbicos.
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