Salud Ochoa/
El Diario
Chihuahua— El conflicto por el agua en el ejido Constitución, municipio de Buenaventura, se ha agudizado porque las autoridades no han querido atacar el problema de fondo debido a los serios problemas de corrupción que existen, denunciaron ayer barzonistas.
Dijeron que a pesar de las múltiples denuncias interpuestas, las instancias indicadas –PGR, Profepa, Conagua, Semarnat– no han hecho nada para poner un alto a la explotación del agua subterránea en una zona declarada en veda desde 1957 y aunque el tema hídrico es de competencia federal, también el estado está involucrado porque el problema se está dando dentro de su jurisdicción.
Las reuniones sostenidas con las instancias mencionadas, dijeron, han sido inútiles ya que “sólo simulan dar instrucciones para que se realicen operativos y cancelen los aprovechamientos”.
De acuerdo con Joaquín Solorio, tanto el acuífero Santa Clara como el Flores Magón Ahumada –que forman la Cuenca del Carmen– están sobreexplotados y es en el segundo donde la familia LeBaron está utilizando el recurso de manera ilegal contraviniendo el decreto de veda.
“Según los decretos de veda esta familia no puede tener disponibilidad de agua, por eso es que la Conagua determinó que 9 de los aprovechamientos detectados no cuentan con concesión únicamente tienen una trasmisión de volumen, que fue viciada ante la propia Conagua. La Ley de Aguas Nacionales menciona que se pueden hacer transferencias de agua y eso se hizo, pero resulta que el pozo que supuestamente transfirió aún existe y el título sigue en mano de sus propietarios. La transferencia de volumen fue viciada para perforar un pozo con el que están regando más de 28 mil árboles de nogal que están en el rancho “La Mojina”, aseguró Solorio y dijo que el predio en cuestión cambió el uso de suelo de ganadero a agrícola sin contar con los permisos de la Semarnat.
Acusó al diputado Alex LeBaron –quien estuviera al frente de la delegación Conagua de febrero 2013 a febrero 2015– de regularizar 395 aprovechamientos que están en el acuífero Santa Clara y mostró un documento presuntamente expedido por el legislador y declarado ilegal por la propia Conagua.
“Todas las personas enlistadas aquí fueron señaladas como aprovechamientos ilegales y no tienen ningún trámite realizado ante la Conagua. Hemos interpuesto denuncias ante la PGR por delitos ambientales contra esta familia pero resulta que se les ha solicitado información mediante oficio y hasta el día del conflicto rindieron los informes correspondientes”, aseguró.