Francisco Córdova/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— De acuerdo con el reporte de una organización nacional, 693 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado durante 2017, derivado de la violencia generada por el narcotráfico y los conflictos territoriales en los municipios de Madera y Guadalupe y Calvo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. asienta además que hasta el momento no han podido retornar a sus comunidades, donde dejaron atrás propiedades, hogares, escuelas y trabajos.
Esa estadística posicionó al estado en el sexto lugar a nivel nacional, en número de víctimas en esta modalidad de desplazamiento, la que se estima, suma 20 mil 390 personas en todo el territorio mexicano, establece el reporte.
El organismo cuenta con un estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
Estándares internacionales reconocen que el desplazamiento interno forzado existe cuando los afectados “voluntariamente y de manera individual o colectiva (familias o grupos) huyen o escapan de su hogar, del lugar donde residen, hacia otra colonia de su demarcación, hacia otro municipio de su estado o a otro estado del país para evitar ser víctima de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”.
El organismo retomó el trabajo realizado por la doctora Laura Rubio Díaz-Leal y construyó una metodología, así como una base de datos especializada para el seguimiento y registro de los eventos de desplazamiento interno masivo, cubiertos por los medios de comunicación locales y nacionales, así como de organizaciones de derechos humanos y especialistas en el tema.
El informe publicado ayer determinó que durante 2017, en el país ocurrieron 25 episodios de desplazamiento interno forzado, de los que 3 corresponden a Chihuahua, colocándose a la par de Chiapas y Oaxaca, y sólo por debajo de los estados que encabezaron la lista que son Guerrero con 7 y Sinaloa con cinco.
Estos episodios se presentaron en seis comunidades de los municipios de Madera y Guadalupe y Calvo. En el primero se vieron afectados pobladores de Las Varas y El Largo, mientras que en el segundo de Las Coloradas de la Virgen, El Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán.
Los incidentes estuvieron relacionados con enfrentamientos armados, desalojos con violencia y el asesinato de un defensor de la comunidad, este último siendo el único caso en todo el territorio estatal el año pasado.
Violencia de todo tipo
En conjunto, los tres casos incluyeron cuatro de las seis modalidades de violencia en las que se clasificaron los incidentes: El uso de armas o la presencia de personas armadas; amenazas e intimidación; casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados; saqueo de viviendas, robo de animales y/o cultivos.
Las únicas modalidades que no se registraron fueron reclutamiento forzado (real o temor) y detenciones arbitrarias por autoridades.
Primero fue el 15 de enero de 2017, cuando fue asesinado el líder indígena y activista para la defensa del medio ambiente Isidro Baldenegro López, quien defendió a la Sierra Madre Occidental de la tala ilegal, siguiendo los pasos de su padre, Julio Baldenegro y quien también murió asesinado en 1986, cuando Isidro tenía 20 años.
Padre e hijo denunciaron y lucharon contra los abusos de narcotraficantes y extractores ilegales de madera.
Dos semanas después del crimen de Isidro, otro líder comunitario rarámuri y activista ambiental, Juan Ontiveros Ramos, fue asesinado, por lo que familiares de ambos decidieron huir de la comunidad. El informe reporta que 55 personas –12 familias– huyeron, por lo que de 15 casas sólo tres quedaron habitadas.
Seis meses después, el 2 de julio de 2017, fuertes enfrentamientos entre civiles armados y elementos policiacos provocaron que medio millar de habitantes de Las Varas y El Largo abandonaran sus hogares.
Las balaceras en Las Varas dejaron un saldo de 30 muertos, entre ellos dos policías, tan sólo tres días después otra disputa armada arrojó 15 muertos más y otro agente herido.
En ese poblado, Las Varas, en un mes huyó la mitad de la población: sólo quedaban 540 personas de las más de mil que ahí vivían. El gobernador Javier Corral afirmó entonces que su gobierno había diseñado el plan “Desarrollo, Paz y Reencuentro” con la intención de reactivar la economía y la seguridad en la región. Sin embargo, el éxodo no se frenó. Una semana después se informaba que integrantes de la agrupación Madera Unidos A. C. declararon que por semana entre 20 y 30 personas se iban de la pequeña comunidad, cita el documento.
El tercero y último caso inició en 2016 y continuó hasta octubre de 2017, cuando el informe “La Red de la Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara” denunció que alrededor de 30 familias indígenas fueron desplazadas o amenazadas para abandonar sus hogares en las localidades de Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, El Tepozán y Tuáripa.
Según se estableció por parte de las autoridades, lo anterior fue causado por una familia que solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la enajenación de los terrenos de propiedad nacional, asegurando que son ellos quienes tienen la posesión y desconociendo la posesión de las comunidades indígenas señaladas.
De acuerdo con el reporte, tanto terratenientes como pistoleros “actúan bajo el cobijo de las autoridades locales, despojando de territorio y ganado, y desplazando a familias enteras, agrediendo a menores de edad en represalia por denunciar sus crímenes”.
De hecho, las comunidades afectadas interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de Estado, lo cual intensificó los ataques en su contra –incluso agresiones a niños— sin la protección de la autoridad.
Motivos
• El uso de armas
• Presencia de personas armadas
• Amenazas e intimidación
• Destrucción de casas, cultivos y negocios
• Saqueos, robo de animales y cultivos
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