Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— Legisladores locales pidieron ayer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emita un informe sobre la legalidad del contrato por casi 400 millones de pesos, que la Secretaría de Salud Estatal otorgó el año pasado a la empresa Centrum para el servicio de pruebas de laboratorio, señalado como irregular por otras empresas concursantes.
Ese contrato está vigente hasta el año 2020 y se dio ante un fallo de licitación pública el 25 de agosto de 2017, a pagarse con recurso federal para la instalación de equipos con tecnología de punta, dotación de insumos y accesorios médicos, logística operativa necesaria y suficiente para la realización de una prueba de laboratorio clínico.
La legisladora del PRI y presidenta de la Comisión de Salud, Rocío Sáenz, argumentó que hubo una serie de acciones ilegales en la convocatoria de esa licitación que deben revisarse, lo que consideró fundamental por la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado para plantear un llamado al Congreso de la Unión a fin de que solicite a la Auditoría Superior de la Federación, el informe de esa contratación.
La propia empresa Centrum confesó de manera libre y espontánea, en las juntas de aclaraciones, no contar con los recursos para proveer el servicio solicitado y la Secretaría de Salud permitió ilegalmente la subrogación de los servicios, subrayó la priísta.
Se le permitió también, agregó Sáenz en su iniciativa que derivó en el exhorto, quedar exenta de la presentación de pagos correspondientes en materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obligaciones fiscales.
Asimismo acusó a Salud del Estado de consentir que Centrum utilizara menor número de trabajadores, de los requeridos originalmente en el concurso de licitación y con ello, bajó los costos del servicio.
De igual forma, se concedió a la empresa utilizar personal con perfiles profesionales diferentes a los establecidos en la convocatoria, para reducir los costos del servicio. Por ejemplo, solicitando inicialmente que el representante y el capacitador fueran Químicos clínicos para posteriormente requerir Químicos biólogos.
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