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El Diario
Chihuahua— Un juez federal radicado en la Ciudad de México otorgó 24 horas a Chihuahua para poner a su disposición físicamente al priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (a) “La Coneja”. El tiempo contará a partir de recibir la notificación.
Gutiérrez se encuentra recluido en el Cereso No. 1 del estado, en Aquiles Serdán, acusado de participar en el desvío de recursos públicos.
El juez de Control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, giró la orden el pasado jueves.
El periódico “La Jornada” publicó ayer que esa misma determinación la extendió para los coacusados Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, vinculados también a proceso por el presunto desvío de 250 millones de pesos a principios de 2016, para financiar campañas políticas del PRI a nivel nacional con recursos públicos del estado de Chihuahua.
La resolución judicial dictada el pasado jueves señala que “en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (…) requiérase al director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, para que dentro del plazo de 24 horas, contado a partir de la recepción del comunicado respectivo, ordene el traslado material de los gobernados Antonio Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Gerardo Villegas Madriles, al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad (de México)”, refirió La Jornada.
Añadió que en caso de incumplimiento sin causa justificada se sancionará al director del Cereso de Aquiles Serdán con una multa de mil unidades de medida, equivalentes a 80 mil 600 pesos.
El pasado 6 de abril, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó quitarle a la justicia de Chihuahua el proceso por peculado agravado en contra del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez y en consecuencia la causa penal del fuero común 780/2017 fue enviada al juez de Control Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México quien lo resolverá.
En audiencia dentro del conflicto competencial número 08/2018 con antecedente del 04/2018, el Décimo Tribunal Colegiado integrado por los magistrados Guadalupe Olga Mejía Sánchez (presidenta), Carlos López Cruz y Silvia Estrever Escamilla determinó que los fondos públicos, supuestamente desviados desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua a cuatro empresas “fantasma” proporcionadas por el empresario coahuilense, son de naturaleza federal, sin embargo el Gobierno del Estado se ha negado a permitir el traslado de los imputados, al señalar que tienen otras causas penales abiertas en su contra.