Usurpa funcionario profesión

Itzel Ramírez/
El Diario
2018-04-13

Jesús Antonio Pinedo Cornejo, coordinador de Comunicación Social del gobernador Javier Corral, se ha ostentado en cuando menos 646 contratos como licenciado sin contar con el título que lo acredite como tal.
En cada uno de esos documentos, Pinedo Cornejo firma en representación del Gobierno del Estado, siempre utilizando el título universitario, del que no existe evidencia alguna.
No solamente es en los contratos en donde Pinedo afirma contar con el título de licenciatura, también lo hizo en el currículum vitae entregado por él a la coordinación y disponible en el apartado de obligaciones de transparencia de la dependencia estatal. En el documento, Pinedo declaró ser licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
A través de dos solicitudes de información, El Diario pidió a la coordinación entregar la versión pública del documento que acreditara la licenciatura de Pinedo Cornejo. En las dos ocasiones se solicitó una prórroga de 5 días a la solicitud, como está contemplado en la ley, para dar respuesta.
“La presente solicitud se turnó al despacho de la Coordinación y a la fecha no se ha completado su respuesta. Es por esta razón que se solicita la ampliación en el término”, justificó la Unidad de Transparencia de la coordinación en el caso de la solicitud con folio 003142018.
Cumplido el plazo, la respuesta institucional incluyó el documento que muestra el cumplimiento parcial del programa de maestría en Historia de la UACJ, pero no el título de licenciatura solicitado.
“El Coordinador de Comunicación Social Jesús Antonio Pinedo Cornejo, culminó la totalidad de los créditos del plan de estudios de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el año 2004, cursando estudios de posgrado en la misma casa de estudios en la Maestría en Cultura e Investigación Literaria. Adjuntando la presente la copia del certificado de estudios que avalan su preparación”, contestó la dependencia.
El Diario interpuso ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) un recurso de revisión, al considerar que la respuesta otorgada no satisfacía la solicitud.
El 28 de marzo, el Ichitaip concedió el recurso, haciendo énfasis en la carencia del documento,
“… es evidente que el Titular de la Unidad de Transparencia omitió informar si el Servidor Público cuenta o no con título de licenciatura, proporcionando un certificado de estudios de maestría, documento que si bien acredita que ha cursado diversas materias de posgrado, y de lo que pudiera inferirse que ha concluido con la licenciatura, dicho certificado no prueba que cuenta con el título de licenciatura, ni que es candidato a maestro, por lo que tales circunstancias no solo hacen incompleta la respuesta, sino también la hacen carente de pertinencia, es decir, que la información otorgada no corresponde con la solicitada”, resolvió el Ichitaip.
En el punto quinto de la resolución, el instituto mandató informar si existe el título.
“… se estima procedente modificar la respuesta a efecto de que el Sujeto Obligado informe si el Servidor Público tiene título de licenciatura y haga entrega de la información requerida en la solicitud inicial, consistente (en) acreditar si el Coordinador de la Comunicación Social de Gobierno del Estado de Chihuahua, cuenta con estudios de licenciatura y es candidato a maestro”, indicó el instituto.
Alfonso Villalobos Lozano, titular de la Unidad de Transparencia de la coordinación, dijo que debido a un error del Ichitaip, hasta el 10 de abril, no había sido notificado de la resolución.
En una segunda solicitud de información se afirmó que la dependencia no cuenta con el título.
“Dentro del expediente que obra en los archivos de la Dirección Administrativa del C. Coordinador, únicamente se cuenta con el certificado de estudios del posgrado en Cultura e Investigación Literaria, expedido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, indicó la coordinación. La respuesta, nuevamente, evadió informar si existe o no el título.
Cuestionado al respecto, Antonio Pinedo se negó a informar si cuenta o no con el documento que avala su titulación. El Diario buscó al funcionario en múltiples ocasiones, sin obtener respuesta.
El aval de la licenciatura de Pinedo no aparece tampoco en el Registro Nacional de Profesionistas.

Qué dice la ley
Ostentarse con un título profesional sin contar con él es una acción que, de acuerdo con diversas leyes y agravantes, va desde una falta hasta un delito de índole penal.
En el capítulo X de la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua se considera una falta contra el decoro y la dignidad profesional “la manifestación de tener estudios de licenciatura… sin contar con el título o diploma correspondiente debidamente registrado ante la Oficina Estatal de Profesiones, o sin el documento que acredite la certificación, emitido por las autoridades federales”, según la fracción III del artículo 98.
El artículo 105 de la misma legislación establece que la conducta referida conlleva a una pena equivalente a setenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Mientras que en el Código Penal del Estado de Chihuahua considera la usurpación de profesión un delito.
“A quien se atribuya el carácter de profesionista u ostente algún postgrado, sin haber cursado los estudios para obtener el título o certificación expedida por autoridades u organismos legalmente facultados para ello y ofrezca o desempeñe sus servicios bajo ese carácter, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa”, menciona el artículo 319.
Jorge Espinoza Cortés, recientemente nombrado consejero Jurídico del Gobierno estatal, consideró que Pinedo no ha incurrido en delito alguno, aunque sí en conductas cuestionables desde el punto de vista ético.
“Es una cuestión de ética, nosotros como gobierno tenemos que darle la certeza a la ciudadanía de que las personas que están en las funciones realmente tengan los títulos profesionales que dicen tener porque es parte de la certeza que le genera a la ciudadanía la persona”, explicó.
Agregó que el simple hecho de poner la abreviatura Lic. no constituye un delito, pero en el caso específico de Pinedo sí es una conducta cuestionable.
“De alguna manera si efectivamente no ostenta el título profesional, desde mi punto de vista sí estaría faltando a la ética y al respeto a los ciudadanos”, manifestó Espinoza. (Itzel Ramírez / El Diario)

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